El proyecto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ya aprobado por el Senado de la República, ha suscitado un interesante debate jurídico en el que las dos posiciones tienen argumentos suficientes para convencer.
La discusión enriquece, y cualquiera que sea el resultado será positivo para el país, siempre y cuando se actúe en función del razonamiento jurídico.
El proyecto está en el escenario de la Cámara de Diputados, donde hay una mayor diversidad de visiones que en el Senado.
Los partidos políticos harían un flaco servicio a la nación si ajustan el debate a intereses particulares o simplemente quieren imponer a sus legisladores una visión única y castrar la riqueza del debate.
Ha sido un desacierto de la dirección del Partido Revolucionario Dominicano amenazar con sancionar a los diputados que voten en contra de las líneas bajadas, cuando estamos evidentemente ante un tema especializado y donde los doctos en la materia están agrupados en dos escuelas.
Igualmente, haría mal el Partido de la Liberación Dominicana si impone su mayoría mecánica en una u otra dirección.
Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez ha dado un sabio consejo al plantear que los diputados se auxilien de especialistas en materia de Derecho Constitucional, pero eso tendría sentido si los partidos permitieran a sus legisladores actuar con libertad.
Los especialistas están divididos. Eso no ha de extrañar, porque parten de concepciones diferentes.
Pero corresponde a los legisladores reflexionar sobre los argumentos esgrimidos por unos y otros, para luego así tomar una decisión sin imposiciones ni aplanadoras.
