La semana pasada el Senado aprobó en primera lectura la reforma del Código Procesal Penal llamada a sustituir la instaurada por la Ley 10-15, que fuera anulada por la sentencia TC/0765/24 del Tribunal Constitucional.
Sorprende esta aprobación, no tanto por el momento, sino por la forma en que se ha llevado el proceso. A pesar de que es un asunto que concierne a todos los dominicanos, el debate sobre propuestas se ha llevado a cabo en espacios en los cuales el ciudadano común no tiene fácil la entrada, si es que la tiene permitida.
El resultado de la votación se filtró -algo que no debiera ser necesario por tratarse de un asunto de naturaleza absolutamente pública-, y lo cierto es que hay razones para preocuparse. Lo propuesto y aprobado es nada más y nada menos que la más importante contrarreforma procesal penal de las últimas dos décadas.
En el estado actual de cosas, el proyecto de ley es un intento por anular por vía legal las decisiones sobre el debido proceso que ha dictado el Tribunal Constitucional dominicano.
Aunque, en principio, lo que esto augura es la inevitable anulación de estas normas por su contradicción con precedentes constitucionalmente protegidos por el artículo 184 de la Carta Magna, lo que sí llama la atención es el evidente propósito de llevarse esos precedentes de encuentro.
Me consta que, aunque pueda tener diferencias con éste, el trabajo de la Comisión de Justicia del Senado no se ve reflejado en lo aprobado por el hemiciclo. Los senadores procuraron un equilibrio ausente en lo votado. ¿Cómo se explica el cambio abrupto hacia una propuesta más autoritaria, que otorga poderes a los órganos persecutores aún mayores que los que ya tienen? Todo parece indicar que algo pasó entre la votación de la Comisión y la del hemiciclo.
Una de las reglas básicas de la criminalística es preguntarse quién se beneficia de un hecho como este. ¿Qué institución está sumida en una crisis de legitimidad por la distancia entre lo prometido al foro público y lo logrado en los hechos? ¿Quién necesita que adapten las reglas a sus prácticas constitucionalmente censuradas? ¿Quién necesita una contrarreforma a la medida?
Una cosa es segura, no somos los ciudadanos comunes y corrientes. Deseo suerte a los senadores en su esfuerzo pro enderezar el entuerto.
