Cuando uno observa con desasosiego el estado caótico en que las autoridades elegidas encontraron las dependencias que alojan el Ministerio de Cultura (y presumo que no solo esa institución) es como para darse tres golpes en el pecho y recordar aquella frase que inicia la novela “Conversación en la catedral” de Mario Vargas Llosa: “¿En qué momento se fuñó este país?”.

Me excuso por aligerar algunos términos tolerables en el quehacer literario, usuales en las calles o en situación de disgusto, no así en trabajos de esta naturaleza. “Desde la puerta del diario “La crónica” –inicia el texto- Santiago mira la avenida Tacna, sin amor: automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos, flotando en la neblina, el mediodía gris”.

Quienes aman esta tierra –y la visualizan como una responsabilidad- deberán realizar esfuerzos heroicos para superar el estado de pesadilla al que hemos sido arrastrados por gente definitivamente incalificable.

Volvamos a Cultura: “Se observan techos destruidos, paredes sin pintar, cajas amontonadas, utensilios de limpieza en un almacén, gomas amontonadas con el logo del organismo”. Un montón de desperdicios.

Estos daños no son únicos. Sí evidencian un reflejo de los niveles de credibilidad, respetabilidad y honorabilidad de esa institución.

Es como abrir las puertas a aquel calificativo desdeñoso y peyorativo que se registra en la novela de Vargas Llosa.

Es, en suma, el estado moral y espiritual al que ha sido reducido el Estado dominicano por esta devastadora oleada de saqueo, robos, maniobras, perversidades, complicidades y degradación auspiciada por gente que nos vendió una elaborada imagen de solemnidad y honorabilidad, un discipulado de rostros y posturas incorruptibles cuya consigna era “servir al pueblo”. Y ¡vaya usted a ver!

A consecuencia de los retorcimientos, maniobras y depredaciones tras ocho largos años –situación agravada por el pésimo manejo de la pandemia del Covi-19- la situación económica del país es ruinosa: caída de los ingresos corrientes, excluyendo el endeudamiento que se estima en un 18.7 con respecto al presupuesto del Estado aprobado el año pasado.

“Las necesidades de financiamiento se han disparado en un 143 por ciento con respecto a las cuentas presupuestarias originales. Es por esta razón que la mitad de los ingresos públicos se financiarán con endeudamiento ante el impacto (adicional) del Covid 19 en la economía” (Suhelis Tejero Puntes, Diario Libre).

Los efectos de la pandemia, como es evidente, han agravado este pavoroso estado de cosas. No obstante, resultan insoslayables los niveles de saqueo, robo y depredación que se registran de forma grosera desde hace décadas y que se incrementaron con la misma pandemia. Todo bajo la mirada socarrona y gozosa al botín.

Los autoproclamados “servidores del pueblo”.
De ahí que la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ante el evidente desastre, ha demandado al Congreso la aprobación de leyes encaminadas a reorganizar la sociedad dominicana sobre bases sustancialmente diferentes.

En los hechos, el nuevo equipo gobernante está procediendo en similar sentido
Citemos: Ley de protección a testigos y víctimas para el decomiso civil de bienes ilícitos, modificación impostergable del Código Penal (el actual no responde a las necesidades de prevención del delito), participación ciudadana e implementación del control social, reforma drástica de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, “porque la actual es insuficiente para prevenir, castigar y sancionar a quienes de manera sistemática han defraudado al Estado y al pueblo”.

La situación del país tras ocho años de funesto ejercicio administrativo peledeísta es tan grave que la aprobación de un nuevo presupuesto complementario para hacerle frente a las necesidades del Estado “elevaría la deuda pública en más de un 60 por ciento del Producto Interno Bruto” (Antonio Ciriaco Cruz).

Son interminables las cuentas de este rosario. La continuidad de los sospechosos vínculos con el crimen heredados no ha mermado. “Cuatro ciudadanos dominicanos fueron apresados al tratar de entrar a Puerto Rico con un cargamento de 591 kilos de cocaína.