El embajador dominicano en Washington, José Tomás Pérez, debe anunciarle al mundo que en su agenda está promover desde su posición que Estados Unidos se aboque a una reforma constitucional en la que se elimine la salvaje enmienda que permite la proliferación de armas que tanto dolor ha causado.
Impulsar, como embajador dominicano, políticas públicas para que el Gobierno estadounidense ponga controles a las armas, una de las causas de tantas matanzas en escuelas.
José Tomás Pérez también debe acercarse al gobierno de México para que juntos obliguen al gobierno del presidente Trump a olvidarse de la construcción de un muro y que de paso les dé documentos a todos los ilegales que están en Estados Unidos, incluyendo a esos miles de niños que llegaron pequeños a ese territorio y que hoy no tienen definido su estatus migratorio.
El embajador dominicano tiene la obligación de ejercer influencias para que todo el que diga no tener papeles de identidad sea considerado apátrida y se le confiera de inmediato la nacionalidad estadounidense.
De igual manera, el embajador dominicano en Washington tiene el deber moral de obligar a que Estados Unidos se someta a las disposiciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o a la Corte Penal Internacional y que deje de desconocer su competencia, como hace en la actualidad.
En fin, José Tomás Pérez, debe copiar del ímpetu de la nominada a ser embajadora de Estados Unidos en República Dominicana y convertirse en un activista intenso de los asuntos internos de Estados Unidos, a tal punto de que promueva al desconocimiento, deformación o modificación de sus leyes, incluyendo su Constitución.
