España fue la dueña legítima del territorio dominicano hasta el 18 de febrero de 1855. En esa fecha fue que la Corona española decidió renunciar a sus derechos jurídicos sobre la porción oriental de la isla, otorgados de manera soberana en 1809 por la Junta de Bondillo, para sellar la gesta de la Reconquista que terminó con la Era de Francia en suelo quisqueyano.
Aquel día la Monarquía española y el Ejecutivo de Madrid formalizaron mediante tratado bilateral suscrito con el Gobierno dominicano, ratificado luego por las respectivas instancias legislativas de ambas naciones, su reconocimiento al Estado independiente declarado once años atrás conforme al Manifiesto de separación del 16 de enero de 1844, y creado finalmente el 6 de noviembre del mismo año en virtud de nuestra primera Constitución.
La victoria dominicana en Palo Hincado surtió el efecto jurídico de revertir en 1809 las estipulaciones del Tratado de Basilea de 1795, relativas a la cesión a Francia de nuestro territorio, y desde entonces, ningún otro acto con semejante validez, excepto el contentivo del citado tratado bilateral del 18 de febrero de 1855, había anulado la legitimidad de la primera reincorporación al Reino de España, que significó, de hecho y de derecho, la llamada Reconquista liderada por Juan Sánchez Ramírez.
El ensayo independentista de 1821, factura del auditor de guerra de la colonia, José Núñez de Cáceres, no culminó con la conformación de un Estado orgánicamente operativo, no solo debido al hecho de tratarse de un proyecto nonato de protectorado con la Gran Colombia, sino porque sus consecuencias jurídicas, en tanto a nación soberana, quedaron invalidadas en virtud de los actos oficiales presididos y refrendados por su propio autor para legitimar la ocupación haitiana perpetrada semanas después por Boyer.
Quiere decir, que los veintidós años de dominación haitiana ocurrieron en los predios de la colonia española de Santo Domingo, jamás en los ámbitos territoriales de un Estado dominicano inexistente para entonces.
A tal razón se debió que el citado Manifiesto del 16 de enero de 1844, persiguiera nuestra desvinculación política del gobierno de Haití, con el fin, no de restaurar el Estado, sino de crearlo mediante la fundación de la República.
Tanto así, que a los nueve años de producirse la incursión de Boyer, todavía el Gabinete de Madrid seguía diligenciando la desocupación de su colonia ante las autoridades de Puerto Príncipe. Felipe Dávila Fernández de Castro lo hizo infructuosamente, intento diplomático que recrudeció la represión y concitó el reforzamiento defensivo de Haití ante la posibilidad de una reacción armada de España.
Desde el nacimiento constitucional de la República, a finales de 1844, la política exterior de sus primeros Gobiernos tuvo por objetivo central dotarla del reconocimiento oficial por parte de la comunidad internacional, esfuerzos que cuajaron entre 1850 y 1853 con los reconocimientos consecutivos de Inglaterra, Dinamarca, Francia y Holanda.
En 1854 se firmaron tratados con el Reino de Cerdeña, Estados Unidos y Hamburgo, año en el que fueron autorizados también los consulados de Oldemburgo y Hanover, y en el que tuvo lugar la primera acreditación consular norteamericana en el país, mientras que al año siguiente quedaba suscrito el tratado que formalizó las relaciones con Bremen.
Todos esos avances importantes logrados en materia de política internacional durante las administraciones de Santana, no solo dinamizaron el movimiento portuario para fomento del comercio exterior, sino que afianzaron los cimientos de la independencia nacional. Pero faltaba aun por recibir el reconocimiento de España, dueña legítima para entonces del territorio, por lo que ese objetivo se convirtió en tarea prioritaria en la meritoria agenda diplomática de la Primera República.
De ahí la misión encomendada al patricio Matías Ramón Mella ante el Gobierno de Madrid, proseguida exitosamente por el eminente filólogo venezolano Rafael María Baralt hasta la concertación, finalmente, del Tratado de Reconocimiento, Paz, Amistad, Comercio y Extradición, mediante el cual, el 18 de febrero de 1855, España desistió de sus derechos legítimos sobre nuestro territorio, cesando así los efectos jurídicos de la Reconquista que la favorecieron cuarenta y seis años atrás. Se trata pues de un hito conmemorable a la altura de efeméride patria.
