Vecinos de la zona sur de Santiago han anunciado acciones para entregar a las autoridades de Migración a haitianos que residen allí de manera ilegal.
Mucho cuidado, pues, de hacerlo, esos ciudadanos estarían poniéndose también al margen de la ley y generando posibles situaciones sumamente peligrosas.
Resulta más que evidente que el Gobierno carece de una política migratoria frente a Haití y esa es la principal razón por la cual se ha desbordado la presencia de ilegales en todo el territorio nacional.
También constituye una gran verdad que grupos locales y extranjeros, así como naciones desarrolladas, presionan para que la República Dominicana cargue sola con el problema haitiano.
Sin embargo, nada de eso justifica que grupos asuman la ley por sus manos y salgan a perseguir a extranjeros que ellos suponen residen de manera ilegal en nuestro territorio.
Quien se toma la justicia en sus manos viola las leyes y con frecuencia comete un mal mayor que el que la ira o la impotencia le llevan a perseguir.
El Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir las leyes migratorias, pero sólo las autoridades tienen facultad para perseguir las violaciones de las mismas.
A los vecinos de Santiago o de cualquier otra comunidad que les haya pasado eso por la cabeza deben saber que sus demandas deben limitarse a exigir de las autoridades que cumplan con su deber. Cualquier cosa fuera de ahí sería mucho más peligroso.
