Un robo cada ocho minutos

Cuando se analiza la seguridad ciudadana, los robos constituyen un indicador importante para evaluar la capacidad del Gobierno de proteger a sus ciudadanos. A diferencia de otros delitos, el robo impacta directamente la vida cotidiana de las personas: limita la movilidad, altera sus hábitos, afecta la actividad económica y deteriora la confianza en los espacios públicos.

Los datos oficiales actuales muestran que entre 2020 y 2025 se denunciaron más de 486,159 robos en el país y que, durante los primeros cinco meses de 2026, se agregaron otras 25,254 denuncias. En total, más de medio millón de robos han sido reportados a las autoridades desde el inicio de la actual gestión gubernamental.

La cifra es suficientemente elevada para plantear una reflexión de fondo. Si después de casi seis años de intervenciones, reformas policiales, operativos preventivos y múltiples programas de seguridad el país continúa registrando un robo cada ocho minutos y medio, el problema ya no puede explicarse únicamente por la acción de los delincuentes. También debe analizarse desde la capacidad del Gobierno para prevenir, controlar y reducir las oportunidades que facilitan la comisión de estos delitos.

Los expertos en seguridad pública coinciden en que los robos disminuyen cuando existe una combinación efectiva de prevención, presencia policial focalizada, análisis criminal, recuperación de espacios públicos y persecución efectiva de los reincidentes. Cuando estos elementos no logran consolidarse, el delito encuentra condiciones favorables para reproducirse.

En ese sentido, los robos no ocurren de manera aleatoria. Se concentran en territorios específicos, afectan a poblaciones determinadas y suelen repetirse en los mismos entornos donde existen debilidades institucionales, baja vigilancia, escasa capacidad investigativa y limitada presencia preventiva.

Los reportes oficiales de criminalidad muestran que una parte importante de las denuncias se concentra de manera recurrente en el Gran Santo Domingo, particularmente en municipios como Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, así como en Santiago de los Caballeros, que figuran entre las demarcaciones con mayor incidencia delictiva. Esta concentración territorial debería traducirse en intervenciones focalizadas, indicadores de seguimiento y evaluaciones públicas de resultados.

La persistencia de más de medio millón de denuncias en menos de seis años sugiere que las políticas implementadas no han logrado modificar de forma estructural las condiciones que permiten la ocurrencia de este delito. Por esta razón, los ciudadanos continúan siendo víctimas: el riesgo de ser robado sigue siendo superior a la capacidad del sistema para prevenir el hecho o sancionar a sus responsables.

Existe, además, un elemento adicional: estas cifras representan únicamente los robos denunciados. Muchas víctimas de asaltos nunca formalizan una denuncia por falta de confianza en el sistema, por considerar que el procedimiento no producirá resultados o, simplemente, porque reportan que en algunos destacamentos no quieren tomar la denuncia para no aumentar sus estadísticas. Esto significa que la magnitud real del problema probablemente sea superior a la registrada oficialmente.

Por eso, cuando el Ministerio de Interior y Policía (MIP) celebra una baja en la criminalidad, conviene preguntarnos: ¿comparado con qué? Los robos son mucho más que una estadística criminal: constituyen una medida concreta de la capacidad del Gobierno para ejercer control territorial y garantizar seguridad a los ciudadanos.

Más de medio millón de denuncias acumuladas reflejan que ese desafío sigue lejos de ser superado. La verdadera tarea pendiente no es anunciar un nuevo plan, sino corregir las causas que permiten que el delito continúe reproduciéndose: 168 denuncias cada día, 7 cada hora y un robo cada 8 minutos y medio.

Mientras se leen estas líneas, probablemente ya se ha producido otro robo.