El procurador General de la República y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia son los máximos representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, respectivamente.
Sobre ellos se posan las miradas cuando ocurren hechos que afectan de una u otra manera nuestro sistema judicial.
De cuando en vez se registran acciones que avergüenzan a los miembros abnegados de esas instancias y que estremecen una población que aún no pierde la capacidad de asombro, pese a que se presenten situaciones que parecen noveladas.
Las máximas autoridades de cualquier dependencia no necesariamente son responsables de las actuaciones de sus subalternos, aunque permanentemente son tentados a convertirse en cómplices por omisión.
El Procurador General de la República y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia le deben una explicación al país sobre el vergonzoso caso de Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), un peligroso sicario que logró su libertad de manera muy extraña y que luego desapareció del radar público tras declararse muerto, pero sin que nadie pueda dar testimonio de haber visto su cuerpo convertido en cadáver ni de la tumba donde reposa.
En todo ese proceso actuaron miembros del Ministerio Público y de la Judicatura, que al día de hoy no han logrado dar una explicación convincente sobre sus actuaciones.
El pestilente rastro dejado por este caso no conduce a nada bueno.
