Víctor Féliz Solano
No logro comprender cómo es que, en la carrera del endeudamiento público, el Gobierno Dominicano de manera insistente persigue con intrepidez escalar a los más altos récords de la historia como nación.
Si bien es cierto que debido a la fragilidad de nuestra economía frente a los retos que nos hemos planteado, el presupuesto general del Estado debe ser compensado con financiamientos, no es menos cierto que lo mucho hasta Dios lo ve.
Al entrar en vigencia la Ley 225-20 sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Coprocesamiento, se anunció con bombos y platillos la creación de la Dirección Ejecutiva del Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos y esta a su vez lanzó, poco después, el “Fideicomiso DO sostenible”.
Para expresar exactamente cuál fue el propósito principal de este lanzamiento se comunicó que “el Fideicomiso DO Sostenible” fue creado con la aprobación de Ley 225-20, sobre manejo de residuos sólidos, con el objetivo de lograr vertederos con estándares internacionales para la correcta gestión de desechos como lo son rellenos sanitarios y plantas de valorización”, pero además agregó que “el propósito es lograr un aprovechamiento de los residuos producidos en todo el país para generar combustibles”.
Para ir entendiendo las cosas, primero definamos de la manera más práctica que es un fideicomiso. El fideicomiso es un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad para beneficiar a otra persona o a la persona que entrega dichos bienes (sic).
A finales del año 2021 el presidente de la República informó que, con la creación de este fideicomiso que persigue una solución definitiva en el manejo de los vertederos, en una primera etapa a ejecutarse en el periodo 2022-2023, tendría un costo total de 13,290 millones de pesos.
De esta suma total, el fideicomiso y el Poder Ejecutivo serían responsables de financiar el 16.2 %, es decir, 2,158 millones de pesos y el resto será financiado por el sector privado, con una inversión de 11,132 millones.
Lo que más nos sorprende es que, a poco más de 2 años no se ha evidenciado ningún avance en el tema y nos sorprenden ahora con un préstamo de más de 2,400 millones de pesos. Según la motivación que envió el Poder Ejecutivo al presidente la Cámara de Diputados, el imponente monto se utilizaría para “mitigar los impactos negativos ambientales de los vertederos a cielo abierto que existen en el Gran Santo Domingo”.
La pregunta obligada sería: ¿Qué ha pasado con los recursos generados según el artículo 36 de la Ley 225-20 denominado “Contribución especial para la gestión de los residuos sólidos”, que según las cifras de la DGII alcanzarían casi 2 mil millones por año y que lógicamente la idea de haber creado ese aporte era justamente para usarlo en estos casos?
Si las matemáticas siguen conservando su esencia, para este año deberían tener acumulado la friolera de más de 4 mil millones de pesos. Si estos recursos no se han usado para engrosar el Fideicomiso DO Sostenible, el Gobierno central debería explicar dónde los ha gastado, y si no es así, entonces el préstamo carece de objeto.
*Por Víctor Féliz Solano
