Aterra y preocupa la ligereza con la que muchos legisladores, incluyendo algunos que son abogados, tratan el tema de la proyectada reforma del Código Procesal Penal.
El daño social que podrían provocar con su populismo penal podría equipararse con el mal que de buena fe quieren combatir, pero que por conveniencia o cobardía no han querido enfocar correctamente.
Hablar de prisión preventiva automática para algunos tipos de acusación implica imponer una condena anticipada.
Tratar como reincidente a quien sea sometido en más de una oportunidad implica poner en la mano de cualquiera la libertad de los ciudadanos. Bastaría con acusarlo dos veces de un delito cualquiera o de hacerlo una sola vez por un delito grave.
Muchas lindezas como esas han sido planteadas por legisladores como parte de las posibles reformas.
El Código Procesal Penal es perfectible, pero no es el causante de una mala administración de la justicia.
Los responsables de mantener o poner en las calles a delincuentes son los actores del sistema judicial dominicano, que tuercen las letras del Código Procesal Penal.
De igual manera, deben detenerse a pensar los legisladores que el citado Código no contiene la tipificación de los crímenes y delitos ni las penas a imponer. Esa materia corresponde al Código Penal, que sigue siendo el mismo que se implementó en 1884 y que sigue siendo bueno, pero que debe ser adecuado a los tiempos modernos para contemplar crímenes de ésta época.
Mucho cuidado, pues podríamos estar recetando la decapitación como remedio para eliminar el dolor de cabeza.
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