La lucha por una justicia independiente, accesible, eficiente y que ofrezca seguridad jurídica, para la profundización y sostenibilidad de los procesos de democratización y desarrollo económico, ha sido azarosa en República Dominicana.
El sistema de justicia, en general, y particularmente el Poder Judicial, estuvo siempre bajo la dependencia del Poder Legislativo.
Hasta 1997 los jueces eran elegidos por el Senado, lo que marcaba políticamente la selección y limitaba la independencia que, como condición de imparcialidad, deben tener quienes, por mandato constitucional y legal, ponen término a los conflictos judicializados.
Con excepción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, desde entonces los nombramientos, ascensos, promociones y salida de los jueces, personal administrativo, ministerial y auxiliares dependen del Poder Judicial, posibilitando la carrera judicial su formación especializada, con garantías de estabilidad, remuneración, beneficios y existencia de normas éticas sobre la profesión.
Para alcanzar un sistema fuerte y confiable de administración de justicia, que permita hacer realidad las libertades públicas y los derechos fundamentales, se ha venido haciendo un esfuerzo para lograr la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, logrando con la ley 194-04 la asignación de un 2.66% del presupuesto general de la nación al Poder Judicial.
Siete años después esta norma es letra muerta.
El presupuesto del Poder Judicial sigue siendo menor de un pobre 1.5%, lo que no ha permitido siquiera el ajuste por inflación en los últimos 5 años del personal judicial, sin dejar de destacar la imposibilidad de poner en funcionamiento diversos tribunales creados por el propio Poder Legislativo, al tiempo de peligrar los planes de fortalecimiento institucional, tecnológico y educativo, sin los cuales el Poder Judicial no será jamás la corona del Estado Constitucional y Democrático de Derecho que decimos ser, sino su irresponsable excusa.
