Madrid.- El Plan de Acción para la Prevención del Suicidio que el Ministerio de Sanidad espera poner en marcha en 2025 promoverá un registro de datos para “entender mejor” el fenómeno, introducirá un código de riesgo para su abordaje sanitario y fomentará la realización de autopsias psicológicas.
“Cada una de las 11 muertes diarias en España representan una tragedia que nos exige una reflexión como sociedad sobre las cotas de sufrimiento y de desesperanza que son cada vez más altas y frecuentes”, ha destacado en la rueda de prensa de presentación del plan antisuicidio la ministra de Sanidad, Mónica García.
A lo largo de seis objetivos y 40 acciones, el documento, actualmente en desarrollo, tendrá como “elemento central” un grupo motor compuesto de investigadores, supervivientes, medios de comunicación, servicios de emergencias, policía, bomberos, profesionales en sociología, infancia, atención primaria y salud mental para darle un “enfoque integral y transversal”, ha destacado en su presentación la comisionada de Salud Mental, Belén González.
El próximo 18 de septiembre, el texto que salga del Ministerio y este grupo será presentado en el Comité Institucional de la Estrategia de Salud Mental, en el que están representadas las comunidades, donde se consensuará el documento final que será elevado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Sanidad confía así en que el plan antisuicidio “esté disponible para 2025 y que cuente con financiación por parte del Ministerio de Sanidad”, ha señalado Belén González, que no ha podido especificar la partida con la que contará.
Plan antisuicidio: mayores y menores, la prioridad
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La primera de las metas será la de potenciar los sistemas de información respecto a la conducta suicida mediante un observatorio específico y la promoción de un registro con el que mejorar su vigilancia epidemiológica.
Se constituirá un grupo de trabajo sobre datos de suicidio, que incluye la participación del INE, Sanidad y Justicia, el Instituto de Investigaciones Carlos III y otras entidades, que “trabajará en la recopilación y análisis de datos fundamentales para entender mejor la situación”.
El plan pone el foco en situaciones de vulnerabilidad e identifica a los menores y a las personas mayores como poblaciones “sobre las que hay que incidir prioritariamente” porque las mayores tasas se registran a partir de los 80 años, con incrementos de hasta un 93,4 % en mayores de 95.
“Nos preocupan especialmente las zonas rurales y aisladas. Por eso este área aborda iniciativas para paliar situaciones como las de la soledad no deseada y promueve la generación de infraestructuras comunitarias y sociales que aseguren el vínculo social esencial”, ha enfatizado.
Asimismo, incluye medidas específicas para la prevención en personas LGTBIQ+, pues las personas trans tienen una tasa hasta 3,5 veces más alta.
Igualmente, el fenómeno está “atravesado por la desigualdad social”: de los 4.215 suicidios de 2022, un tercio tenían la primera etapa completa de educación secundaria.
Plan antisuicidio: conducta suicida dentro de prevención de riesgos laborales
El cuarto de los objetivos es el de incorporar la prevención en todas las políticas públicas, introduciendo mecanismos de coordinación con servicios y recursos sociales o promoviendo la integración de la atención a la conducta suicida dentro de la asistencia sanitaria a la salud mental en el ámbito penitenciario.
También aspira a considerar la conducta suicida como parte integral de la prevención de riesgos laborales y fomentar la realización de autopsias psicológicas en los casos o sospechas de suicidio.
Desde el abordaje sanitario, el plan fomentará el intercambio de experiencias y buenas prácticas, mejorará la dotación de recursos en las urgencias de los hospitales e implementará un código de riesgo de suicidio que garantice un proceso integrado de detección y abordaje.
Asimismo, incluirá programas para la asistencia urgente y la continuidad asistencial de las personas con conducta suicida y de soporte temporal alternativos a la hospitalización en unidades psiquiátricas, favorecerá medidas de apoyo a supervivientes e introducirá protocolos de rescate.
Por último, el sexto objetivo del plan antisuicidio presentado por el Ministerio de Sanidad es lograr un enfoque integral promoviendo la participación de supervivientes en el diseño, intervención y evaluación en todas las políticas sanitarias o mejorar la coordinación del 024 con otros teléfonos de las comunidades.
El 024 recibe más de 300.000 llamadas desde 2022
Desde que se pusiera en marcha en mayo de 2022, el 024 de atención a la conducta suicida ha atendido un total de 306.614 llamadas, la mayor parte efectuadas por mujeres y personas del grupo de edad de 50 a 59 años, y ha derivado más de 16.000 (el 5,2 %) al 112 por ser de alto riesgo.
Paralelamente, el chat online que arrancó en junio de 2023 ha asistido un total de 10.665 mensajes, una media de 1.800 al mes, de los que el 40 % fue identificado como de riesgo medio, ha desgranado la comisionada de Salud Mental, Belén González, en la rueda de prensa.
En el caso del chat, la cifra de hombres y mujeres que lo utilizan es similar, pero el grupo de edad que más lo usa es el de entre 20 y 29 años.
Mientras, el servicio telefónico ha atendido 306.614 llamadas, 97.449 de ellas este 2024; en los últimos meses, la cifra mensual se ha mantenido estable en unas 12.000 asistencias, con un pico máximo de 13.193 en julio, según se desprende de los informes del Ministerio.
Del total, especificaron su sexo el 73 % de los usuarios; de ellos, el 39,8 % eran mujeres y el 33,5 %, hombres. Por grupos de edad, uno de cada cuatro (25,1 %) tenían entre 50 y 59 años.
Bajan las llamadas a Toxicología
El año pasado 3.952 personas se quitaron la vida, un 6,5 % menos que un año antes, según los datos provisionales del INE; los suicidios bajaron así por primera vez en cinco años y volvían a ser la segunda causa de muerte externa tras haber desbancado un año antes a las caídas accidentales.
Del mismo modo, las cifras provisionales del Servicio de Información Toxicológica (SIT) han experimentado un descenso de las consultas de las casi 7.000 de un año antes a 5.326.
“Tendremos que estudiar pormenorizadamente si están relacionadas unas cifras con otras, pero desde luego es una buena noticia”, ha valorado el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, en esta presentación.
La mayor parte son intoxicaciones medicamentosas, que suponen el 85,2 %; dentro de ellas, el 82,6 % fueron por ingesta de psicofármacos.
Estos medicamentos estaban además presentes en la sangre de más de la mitad de las personas que se quitaron la vida en 2023, y aunque eso no quiere decir necesariamente que murieran por ello, dada la “facilidad” de acceso a benzodiacepinas, ansiolíticos y otros psicofármacos, sí que sería necesario “hacer estudios más completos y más profundos” sobre esta cuestión, ha apelado el número dos de Justicia.
Solo el 23 % fueron atendidos por un especialista
Otra de las cifras que preocupan es la incidencia de las intoxicaciones en niños y adolescentes: el año pasado fueron 735, un 35 % menos que en 2022, pero una cifra aún “relevante”.
El 40 % eran chicos, un perfil que se invierte en el caso de los suicidios consumados: hay 3 varones que pierden la vida por causa de suicidio frente a cada mujer, con edades comprendidas entre los 40 y 70 años sobre todo.
De las personas que se suicidaron el año pasado, solo el 23 % habían sido atendidas por un especialista en salud mental y, entre quienes lo intentaron, únicamente el 19 % recibieron algún tipo de atención.
“Tenemos que poner en valor todos estos datos para emprender políticas más eficaces en la prevención, pero también en la posvención, es decir, en la intervención que se realiza con las personas que se quedan después del suicidio” porque se trata, ha enfatizado Olmedo, de “una situación complejísima marcada por la culpabilidad, por la estigmatización, por el tabú de hablar del suicidio. Aquello de lo que no hablamos, no existe”.
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EFE
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