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Un océano de problemas y dificultades

Un océano de problemas y dificultades
Roberto Marcallé Abreu

Es muy probable que la ambigua realidad que tenemos frente a nuestros ojos sea consecuencia de las incongruencias que se han ido acumulando en decenas de años.

De no afrontarlo de manera enérgica podríamos estar alimentando un monstruo que terminará por dañar, quizás de una manera irreversible, cuanto se ha logrado en lo concerniente a desarrollo y a convivencia.

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Esa sería la nefasta consecuencia de un proceder histórico desbordado de yerros, desaciertos, carencia de visión, intolerancia, apetitos, actitudes y conductas objetables.

Siempre reiteramos el lugar común de que República Dominicana es un país de significativo empuje donde ciudadanos, autoridades y las denominadas “fuerzas vivas”, perseveran denodadamente para que salgamos hacia adelante en un complejo mar de dificultades.

Sólo que viene a ser preocupante que, en el contexto de estos afanes, un observador frío vislumbre situaciones equivocas, ausencia de objetivos y propósitos claros, y apetitos desmedidos.

Se anuncia, por ejemplo, que el Instituto de Tránsito (Intrant) y la Dirección General de Tránsito (Digeset) buscarán “reducir los accidentes”. Esta declaración se produce en un contexto de situaciones vinculadas a un servicio que, como el transporte, es como la sangre que circula por el organismo.

Alguien pretende consolarnos, en otro orden, con la información de que “se percibe una ligera reducción de la criminalidad”. La Iglesia, a su vez, manifiesta que este no es un país hospitalario “para ciudadanos vulnerables” (un juego de palabras ambiguo que puede ocultar propósitos inconfesables).

Y, a seguidas, señala su preocupación “por las condiciones de pobreza y sufrimientos que vive el pueblo”.

Estas noticias resultan opacas ante la situación que atraviesa el denominado transporte colectivo en el país. Se acusa a las autoridades (Editorial del Listín de principios de febrero) de provocar “el languidecimiento del más importante programa de transportación masiva”.

La semana pasada se declaró al poblado de San Luis “en estado de emergencia” debido “al abandono” de las autoridades” y “la creciente ola de robos, atracos, asaltos y sicariato que allí se registran”.

(Hoy, 1 de febrero). La Escuela Porvenir se declaró en huelga y su cuerpo docente demandó que se cancele a su director. Profesores y estudiantes se quejan de maltratos y alegan que el funcionario “mantiene a los otros integrantes del sistema en estado de zozobra debido a sus insultos y disposiciones arbitrarias”.

El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor manifestó que los apagones “ponen en riesgo la salud de las familias”.

Otras quejas: las facturaciones por consumo de energía eléctrica “no se están realizando conforme al consumo real”, por lo que demandó “que las pérdidas de la empresa no se transfieran a los usuarios”.
“En los primeros 17 días de este año, el Gobierno ha gastado 25 mil 462 millones sólo en el pago de los intereses de la deuda eléctrica, lo que representa el 0.3 del producto interno bruto del país”.

Apenas nos hemos hecho eco de limitadas cuentas de la vida del ciudadano en un cortísimo período de tiempo. La pregunta capital es hacia dónde nos orientamos en este preocupante contexto de situaciones que nos amargan la conciencia…

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