Con el sometimiento hecho ayer por el Poder Ejecutivo para la consideración del Congreso Nacional, del esperado proyecto de ley que podría poner fin a la incómoda situación jurídica en que se encuentra la nación a partir de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, se abre un nuevo capítulo de discusiones que esperamos sea equilibrado, desapasionado, justo y breve.
Por su trascendental importancia, EL DÍA publica in extenso en esta misma edición el citado proyecto de ley “que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización”.
El proyecto en cuestión tiene a su favor que es el producto de sopesadas consideraciones para evitar que sus disposiciones choquen con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, por respeto al principio de la separación de poderes.
Pero al mismo tiempo exhibe, a primera vista, cierta flexibilidad en su interpretación pragmática del espíritu de las leyes y la propia Constitución.
Al abrirse las cortinas que dan paso a este nuevo capítulo de nuestra vida institucional, cabe reconocer la prudencia y verticalidad con que el tema ha sido manejado hasta ahora por el Presidente de la República, quien no ha escatimado esfuerzos en busca de un consenso mediante entrevistas personales con entidades representativas y líderes profesionales y políticos de reconocida capacidad.
Los dominicanos todos debemos demostrar ahora que somos capaces de encontrar soluciones dignas a nuestros problemas, sin necesidad de injerencias extrañas.
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