República Dominicana debe establecer su política exterior sobre la base de realidades. No la puede sustentan en deseos o presiones y sin perder de vista que la responsabilidad fundamental de los gobiernos dominicanos es la conveniencia nacional y el desarrollo integral de los dominicanos.

Querer negarse a la realidad para complacer a terceros, evitar “el que dirán”, complacer grupos de presión local financiados desde el extranjero o a empresarios rentistas, impedirá tomar buenas decisiones o resolver problemas a largo plazo.

República Dominicana podrá tener todos los buenos deseos y las mejores de las intenciones en sus relaciones con Haití, pero sin que ello le haga perder de vista que está frente a un Estado fallido y sin interlocutores confiables.
Tanto se repite que Haití y República Dominicana tienen un matrimonio sin divorcio que las autoridades dominicanas se han creído que tal afirmación es una verdad incuestionable.

Si se quisiera homologar a un matrimonio hay que agregar que se trata de un matrimonio tóxico, donde lo más conveniente es que pasen a ser solo vecinos y que por tanto no están obligados a compartir sábanas.
Las políticas vinculadas a Haití no pueden obviar las condiciones sociales, políticas, económicas, e institucionales. Tampoco hay que ignorar las características de su clase política y empresarial.

Tampoco puede ignorar que desde la casa de ese vecino subyace un resentimiento parecido al del que mira de reojo al de al lado que algunas vez se igualaban, pero que ahora le ha sobrepasado de manera notable en desarrollo material e institucional.

República Dominicana no tiene un matrimonio indisoluble con Haití a tal punto de que junto con él se vaya al despeñadero.

Lo que es irremediable es la condición de vecinos.
Los buenos vecinos se colaboran y se asisten, pero cuando no se puede, lo que manda es a que cada quien labre su camino sin hacerle daño al otro.

Haití es vecino indefectible de República Dominicana, pero no el cónyuge eterno.