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Un legado que pocos imaginaron

En la política dominicana, los legados presidenciales casi siempre se han medido por las obras visibles. A Trujillo se le recuerdan sus avenidas y edificios públicos; a Balaguer, las carreteras, viviendas y presas; a Hipólito Mejía, las infraestructuras de agua y el impulso al sector agropecuario; a Leonel Fernández, el Metro y la modernización vial; y a Danilo Medina, la central termoeléctrica Punta Catalina.

Durante décadas ese fue el patrón para evaluar a los gobernantes: la obra física como símbolo del legado.
Sin embargo, la presidencia de Luis Abinader está dejando una huella distinta.

No se mide en metros de asfalto ni en hormigón. Se expresa en institucionalidad, un terreno históricamente postergado y quizás el más difícil de todos. Las obras pueden levantarse en meses, pero la cultura institucional requiere constancia, coherencia y decisiones firmes. Aun así, el presidente Abinader asumió ese desafío.

Yamel Martín Valera

Su promesa más clara fue garantizar un Ministerio Público independiente. Y esa decisión comenzó a producir resultados visibles. Por primera vez en mucho tiempo, las investigaciones avanzan sin detenerse por vínculos o cercanías políticas. Lo que antes parecía improbable empieza a verse en hechos concretos que confirman que la independencia de la justicia está funcionando.

Este cambio aparece después de décadas en que la justicia operó con límites que todos conocían. Ese desgaste institucional no quedó sólo en la percepción ciudadana; comenzó a reflejarse en la conducta pública. La señal más clara fue la abstención electoral del 2024, casi la mitad del padrón no votó, un dato que reveló algo más profundo que desinterés. La gente estaba perdiendo confianza en el sistema.

Cuando un país llega a ese punto en el que la ciudadanía siente que las instituciones ya no responden, surge el riesgo de un cansancio colectivo que tarde o temprano exige un cambio en la forma de gobernar.

En ese contexto, el presidente Abinader actuó con firmeza. Ratificó su postura en situaciones que ponían a prueba al gobierno y ante procesos que alcanzaron a instituciones de alta sensibilidad pública, donde la justicia actuó sin detenerse por factores políticos o personales. En medio de ese clima reiteró su posición: “Puedo tener amigos, pero no cómplices”. No fue un discurso. Fue la advertencia de que, en esta administración, el compromiso con el deber está por encima de cualquier vínculo.

Es de justicia reconocer el valor que implica para un presidente enfrentar un problema que por décadas fue considerado intocable. La impunidad ha sido por años una práctica funesta; un cáncer social que ha distorsionado la conducta pública y ha debilitado la confianza, erosionando la legitimidad democrática.

Asumir ese reto, con costos políticos que otros evitaron por años, representa una decisión de enorme trascendencia para el país, asumida por responsabilidad de Estado y cuyos efectos empiezan a reflejarse en los primeros resultados que ya se observan en los procesos en curso.

Romper con la impunidad tiene efectos profundos. Cuando la sociedad ve que las faltas graves tienen resultados, cambia su conducta. La impunidad no sólo afecta la justicia; también distorsiona la vida del país. Normaliza lo indebido, debilita la confianza y desalienta el sentido del deber. Por eso un sistema de justicia que actúa sin mirar intereses personales o políticos mejora el clima de confianza, fortalece la inversión y redefine cómo debe ejercerse desde el Estado.

Nadie puede afirmar que este proceso está concluido. Falta camino por recorrer y mucho por consolidar. La postura asumida debería inducir a que el funcionario actúe con mayor prudencia, la ciudadanía mire con mayor rigor y la idea de que todo quedará sin consecuencias empiece a perder terreno.

En un país marcado por décadas de desconfianza, ese viraje en la conducta pública tiene un valor enorme.

Al final, lo que está ocurriendo en la vida pública confirma algo que podía ser previsible, aunque pocos imaginaban hasta dónde podía llegar.

No es un legado hecho de obras, sino de un cambio que nace en el accionar del gobierno y termina influyendo en la conducta del país. Y si este rumbo se mantiene, quedará claro que aquí nació el legado que muchos veíamos venir, pero pocos imaginaron.

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