El Gobierno tiene en sus manos el mejor mecanismo para terminar la discusión sobre la correcta o no aplicación de la Ley de Hidrocarburos en lo relativo al precio fijado por la Secretaría de Industria y Comercio a los derivados del petróleo.
Se trata de una simple fórmula matemática con valores conocidos o por lo menos comprobables que finalmente da un resultado que debe ser el precio al que se fijen los combustibles.
Justamente, la principal motivación para aprobar la Ley de Hidrocarburo era la despolitización de los precios, y se hizo popular la expresión de si sube sube y si baja baja.
Pero hay la impresión de que ni una cosa ni la otra, que la política o conveniencia coyuntural tiene incidencia en el precio final de los carburantes.
Ahora, que tras el último aumento de los precios de las gasolinas y el gas licuado de petróleo se ha desatado una discusión porque muchos consideran exagerados los aumentos, pudiera el Gobierno aprovechar para demostrar que aplica correctamente lo que dispone la ley, si es que realmente lo está haciendo.
Un simple ejercicio de transparencia sería publicar la fórmula, con los valores, que los llevaron a los precios actuales.
No se trata de decir que el precio del petróleo bajó o subió por tal o cual causa en los mercados internacionales. Es plantearle a la población cuáles son los valores de cada uno de los renglones que inciden en el precio final de los combustibles y así también se estaría dando un buen ejemplo de transparencia, tan necesaria en estos tiempos.
