El sistema dominicano de pensiones tiene registradas 126,340 cuentas de afiliados fallecidos cuyos recursos permanecen sin reclamar.
Son fondos que continúan generando rendimientos mediante las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pero que no han llegado a manos de quienes legalmente tienen derecho a recibirlos.
Estamos hablando de miles de millones de pesos que podrían representar un alivio económico importante para numerosas familias dominicanas.
Entonces nos preguntamos si ¿debe el sistema limitarse a custodiar e invertir esos recursos o tiene también la responsabilidad de procurar activamente que lleguen a sus legítimos beneficiarios?
La Superintendencia de Pensiones (SIPEN), la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) y las propias AFP deben asumir una política mucho más activa para identificar, localizar y orientar a los familiares de los afiliados fallecidos.
No basta con disponer de mecanismos de consulta ni con esperar que los interesados acudan a reclamar. Muchas familias desconocen que esos recursos existen, ignoran sus derechos o encuentran dificultades para completar los procedimientos establecidos.
El dinero de los afiliados fallecidos no debe permanecer indefinidamente en las cuentas por desconocimiento o dificultades burocráticas. Debe llegar, con las garantías correspondientes, a sus legítimos beneficiarios.
Esa debería ser una prioridad de la SIPEN, la DIDA y las AFP.
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