La ingesta de bebidas alcohólicas, según reza la frase, es perjudicial para la salud. Y sobre todo la práctica de vender este tipo de producto adulterado sigue minando el mercado de consumo.
Hace poco las autoridades de Impuestos Internos emprendieron un operativo muy puntual en contra de la falsificación de bebidas alcos. Se decomisaron más de 2,000 botellas.
El proceso se hizo en coordinación con la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos Contra la Salud, el Procurador Fiscal de Corte de Apelación y miembros del Departamento de Falsificaciones de la Policía Nacional.
Las bebidas eran adulteradas en un laboratorio clandestino que operaba en el municipio de Santo Domingo Este. Hay que imaginarse la cantidad de personas que deben trabajar diariamente para sacar una producción de 2 mil botellas de alcohol. Aun así solo hay tres personas apresadas.
La verdad es que el consumo de bebidas alcohólicas atenta contra la salud de los consumidores, de todas formas. Pero fabricar bebidas falsificadas y adulteradas constituye un sensible delito tributario.
Una impresionante evasión de impuestos. Además de la práctica desleal contra empresas establecidas que sí pagan sus impuestos al Estado.
Independientemente de que se cometa un delito flagrante tributario, las autoridades asociadas del área deberían trabajar con mayor sinceridad y preocupación por la salud de los consumidores.
Esa preocupación, para que sea creíble, debe empezar con mayores controles para el consumo por razones de salud y no para hacer más efectivos y audaces los operativos contra la evasión de los impuestos.
