Intervenir teléfonos sin una orden judicial es un delito que conlleva hasta prisión. Ayer salió a relucir una grabación de una intervención telefónica contra dos empleados de la firma Gallup, contra quienes no hay procesos judiciales en proceso ni ninguna investigación en curso.
Esas personas hablaban de unos cambios realizados en una encuesta telefónica que se realizaría, “en busca de la perfección”, y el cuerpo del delito se exhibía con orgullo públicamente.
Nadie espere que el Ministerio Público investigue cómo y quienes cometieron ese delito, pues no le llegará el interés, ya que el crimen se cometió para favorecer un litoral que apoya el oficialismo. No espere ninguna investigación ni sanciones.
