La versión de los presentes, incluyendo a su madre, que dice haber sido salpicada por la sangre de su hijo asesinado, es que un agente de la Policía Nacional acudió hasta el hospital en San Cristóbal y estando el hoy occiso esposado en una camilla le disparó a quemarropa, delante de todos.
El joven había sido ingresado al centro asistencial herido por el mismo agente durante un incidente por un desalojo.
Se trata de una acción salvaje, sólo propia de una persona que haya tenido en ese momento un instinto criminal espantoso.
Ocurre en momentos en que la Policía Nacional está bajo fuertes cuestionamientos por la sospecha de que dos acusados por el secuestro de Eduardo Baldera Gómez fueron ejecutados después de estar bajo arresto.
Lo ocurrido en San Cristóbal no tiene comparación. Estamos seguros que nadie en este país recuerda que se haya cometido una acción como ésa. ¿Cómo es posible que una persona capaz de cometer un crimen de esa naturaleza pueda en algún momento haber sido aceptado en las filas policiales o en cualquier institución militar?
Esa acción pudiera estar reflejando un mal mayor. Que haya agentes policiales que crean que las ejecuciones sumarias son atribuciones de la institución que le impuso un uniforme.
Estamos en un momento propicio para volver a vociferar que el Estado y sus instituciones tienen el deber de combatir el delito y la alteración del orden público apegados a las leyes, porque de lo contrario se convierten en delincuentes iguales a aquellos que están llamados a combatir.
