La construcción de un puente peatonal en el Malecón por parte de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE) ha generado un conflicto innecesario con el Ayuntamiento del Distrito Nacional.
Queda muy claro que la OISOE nunca debió iniciar esa obra, ni ninguna otra obra, sin la autorización de las autoridades municipales. Eso se aplica en cualquier municipio del país.
Las instancias llamadas a autorizar cualquier construcción en la ciudad no la autorizaron, y mayor aún, el Consejo de Regidores lo prohibió expresamente. ¿Entonces con qué justificación institucional pudo haber el OISOE iniciado esa construcción?
Pero por si fuera poco, un tribunal competente ratificó lo que está claro: el famoso puente es una construcción ilegal. La violación a la ley se agrava porque proviene de una instancia oficial.
El director de la OISOE intentó justificar su acción con un infeliz comunicado en el que decía que se trata de un pedimento que se le hizo al presidente de la República, lo que pudiera interpretarse como si el Mandatario le mandó a violar la ley, lo cual preferimos dudar.
Las autoridades han hecho bien en no desmayar en la imposición de su autoridad institucional en este caso, pues de permitir que una instancia gubernamental viole las normas, no tendría calidad moral para exigirle a otros ciudadanos el apego a las normas municipales.
Estamos frente a un extraño conflicto de fácil solución: acatar las disposiciones municipales.
