Cuando se hacen muchas cosas a la vez hay que andar con más cuidado del que habitualmente se tiene al encarar asuntos que, por comunes, no suelen causar preocupaciones entre los llamados a vérselas con los cambios que pudieran sobrevenir.
El fin de semana fue dado a conocer el reglamento mediante el cual el gobierno encara la aplicación del Pacto Eléctrico, que no es un asunto novedoso, pero que por su naturaleza tiende a provocar ruido y crear preocupaciones.
Un poco antes, en este mismo mes, para bajar los efectos de una fuerte ola de opinión, o tal vez sea más a tono con la política de estos tiempos hablar de percepción, fueron cambiados los mandos en la Policía Nacional.
Junto con estos movimientos, no necesariamente porque sean parte de ellos, se mantiene como música de fondo la discusión de más de una docena de propuestas presentadas por el Gobierno para el denominado Diálogo Nacional, de las que hasta ahora la que promete mayores dificultades es la eventual reforma de la Constitución.
En medio de este cuadro avanza también, entre preocupaciones e inquietudes, la esperanza del Gobierno de conseguir apoyo para una reforma fiscal que hasta ahora le promete tantas dificultades por sí sola como las que deben darle juntas una posible reforma de la Constitución y la aplicación del Pacto Eléctrico.
¿Qué es lo posible en las circunstancias actuales y cuál es la prioridad? Desde el punto de vista económico, parece que se decanta por la reforma fiscal, pero desde el empresariado surgen voces que lo muestran inclinado por la discusión de un pacto fiscal en vez de una reforma.
Parece conveniente, o preferible, enfocar y concluir un caso cada vez. Visto desde la frialdad de un escritorio parece una buena receta para evitar más estrés social en un tiempo en el que se viven demasiados efectos del Covid-19.
