Santo Domingo.- La precampaña y campaña para las elecciones en República Dominicana de 2024 va a ser una de las más largas del mundo y sobrepasará el año y medio, con el consiguiente costo económico, afirmó este jueves el movimiento Participación Ciudadana, rama dominicana de la organización Transparencia Internacional.

En su informe, Participación Ciudadana indica que se ha producido un “desbordamiento de la precampaña en todos los ámbitos, sin ningún respeto por los plazos establecidos” por la Junta Central Electoral (JCE), cuyo inicio se dispuso para el primero de julio del año anterior a las votaciones con una duración de tres meses.

Sin embargo y dado que la JCE no ha impuesto “su autoridad para lograr el cumplimiento de la ley en lo relativo a las campañas a destiempo”, los periodos de precampaña y campaña han aumentado y se prolongarán en total más de un año y medio, desde octubre de 2022 a mayo de 2024, con el consiguiente costo económico, “la ausencia de transparencia y la ineficacia de los controles del gasto de los partidos y candidatos”, añade.

“No es posible determinar con cierto grado de precisión los costos del periodo de precampaña”, en el que “varios partidos y candidatos realizaron marchas, caravanas, fiestas, reuniones y miles de actividades propias de una campaña electoral y que implican un fuerte gasto”, según este movimiento cívico.

Uno de los mecanismos de propaganda más usados son las vallas y, en un monitoreo realizado la primera semana de septiembre en las principales carreteras del país y avenidas de varias ciudades, se contabilizaron 2.294, de las que el 53,75 % correspondía al gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), un 23,32 % al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), un 18,09 % a la Fuerza del Pueblo (FP) y el restante 4,84 % a siete formaciones políticas minoritarias.

En cuanto al gasto gubernamental con fines electorales, el presidente dominicano, Luis Abinader, ha reiterado que no van a usarse recursos públicos para la campaña.

No obstante, en procesos electorales previos se ha observado que en años preelectorales y electorales suben los gastos públicos en renglones íntimamente relacionados con los comicios, como el costo en publicidad oficial, programas sociales, empleo gubernamental y obras públicas de corto plazo, como el asfaltado de calles.

En su estudio, Participación Ciudadana también aborda las elecciones internas de los partidos para designar a sus candidatos y se refiere en concreto al PRM y la Fuerza del Pueblo.

Sobre la formación oficialista afirma que “se han beneficiado con la intención del voto personas vinculadas al narcotráfico, al lavado de activos, señaladas por temas de corrupción y por violencia de género”, presentados como candidatos o posibles aspirantes.

De la FP indica que está presentando como candidato para una alcaldía en Santo Domingo a una “persona vinculada con temas de violación a menores de edad».

Una vez concluido el período oficial de precampaña, Participación Ciudadana advierte de los principales retos de cara a las próximas elecciones municipales, legislativas y presidenciales, entre ellos la aplicación por primera vez de los preceptos legales para controlar los gastos en campaña.

También se refiere al seguimiento de los gastos y actuaciones gubernamentales que pudieran ofrecer ventajas al partido en el poder y sus candidatos, así como a la aplicación de todos los mecanismos disponibles, por parte de las autoridades y la población, para impedir que personas acusadas de corrupción, negocios ilícitos y otras violaciones a las leyes sean elegidas para ocupar puestos públicos.