La delincuencia ha sido, en todos los tiempos, motivo de inseguridad para los particulares y para los gobiernos, unos porque dejan de vivir con sosiego por el riesgo que representa en sus vidas y los otros porque fuera de ciertos límites afecta la paz interior.
Evitarla, allí donde se encuentra desbordada, es una necesidad, en vista de que daña los bienes, la integridad y la salud en la población.
Un funcionario responsable de la seguridad ciudadana, o de parte de ella, hará cuantos esfuerzos sean necesarios para la garantía del orden público.
El crimen y la delincuencia, sin embargo, carecen hoy día de fronteras infranqueables, tanto en las formas más tradicionales como en aquellas prácticas apoyadas en tecnologías de estos tiempos.
Para enfrentarlos puede ser de una gran utilidad los acuerdos de colaboración y los tratados internacionales, como el suscrito por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el ministro de Interior de España, Fernando Grande-Marlaska Gómez, en el marco de la colaboración bilateral para prevenir, detectar e investigar delitos que trascienden fronteras.
Lo acordado incluye cooperación para enfrentar el crimen organizado, el tráfico de armas, narcotráfico, trata de personas, delitos financieros, ciberdelincuencia, violencia doméstica y de género, robo y tráfico de vehículos, uso ilegal y falsificación de documentos de identidad, entre otras acciones delictivas que afectan la seguridad.
También establece mecanismos de intercambio de información, investigaciones conjuntas y asistencia operativa, que permitan fortalecer la identificación de sospechosos, la búsqueda de personas desaparecidas, la localización de redes delictivas y la recuperación de bienes vinculados a actividades ilícitas.
Combatir y prevenir el crimen en un mundo interconectado, en la aldea global, reclama hoy día una gran red de colaboración.
Resta ahora seguirle los pasos a este documento para evitar que otras urgencias retrasen el cumplimiento del protocolo para hacerlo efectivo.
