El Día 
Santo Domingo.- La Unión Empresarial Dominicana (UED) rechazó las pretensiones, de supuestos sindicalistas, de incrementar el precio del transporte de carga, por entender que el costo de los fletes está sobrevaluado, se resta competitividad y encarecerían casi todos los servicios que se ofertan en el país como son construcción, agricultura y textiles.
La entidad que agrupa a empresarios de diversas ramas alerta a las autoridades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y el Ministerio de Industria y Comercio, por entender que este anuncio forma parte de un conjunto de maniobras que buscan el restablecimiento subsidios y otros privilegios lesivos al Estado y los intereses de las mayorías.
Representada por su presidente Diorys Pol, la UED niega que el negocio de la carga sea una actividad deficitaria y menos cuando a nivel nacional quienes ofertan ese servicio actúan como un solo cuerpo e imponen, hasta con métodos violentos, sus contratación y tarifa.
Explica que quienes pretenden imponer sus altas precios no son sindicalistas reales sino un sector, que bajo ese escudo, el amparo de legisladores y dirigentes de partidos mayoritarios, no acatan las reglas del buen comercio y la libertad de empresa.
A la vez Dioys Pol, presidente de la entidad empresarial, asegura que con tal medida también se pretende desviar la atención sobre el grave problema que significa la imposición de condiciones de monopolio que impiden a los dueños de compañías y contratistas de obras “hasta usar sus propios camiones al momento de transportar cualquier tipo de mercancía en la República”.
“Ellos imponen sus altas tarifas y otras condiciones, al tiempo de querer que de manera obligatoria les contratemos, en desmedro de nuestro propio esquema de trabajo y el ambiente de competencia justa” expresó.
Explicó que ese accionar ilegal lo llevan a cabo bloqueando vías y accesos a las empresas que no ceden a sus chantajes como es el caso de los miembros de la UED, para lo cual usan también métodos violentos como amenazas con armas de fuego, roturas de equipos pesados y otras.
En rueda de prensa, en la que se hizo acompañar de Gerardo Méndez, Jhovanny Campos, Joaquín Olivo, Willi Torres, Omar Simo, Rafael Contreras y otros directivos nacionales de la Unión Empresarial, Pol lamentó que en varias provincias las autoridades obvian el mandato legal y se hacen de la vista gorda ante la situación de atropello, por lo que el empresario se siente desprotegido ante el abuso evidente y reiterado y los bloqueos recientes ocurridos en Bávaro, en la provincia La Altagracia, al igual que las localidades de El Pomier, La Jagua y San Cristóbal.
El presidente de la Unión Empresarial Dominicana UED, estimo que ya es hora de que las autoridades pongan fin al chantaje y el oligopolio que se ejerce tras el escudo del sindicalismo y de aplicar de manera rigurosa la norma contra quienes por años han violado la Constitución y leyes del país, al igual que sentencias emitidas por tribunales competentes.
Antecedentes
En su artículo 50, la Constitución de la Republica plantea la libertad de empresa y la prohibición de los monopolios
“El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes.
No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado. La creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional….”
Mientras que en diciembre del 2016 la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) del Distrito Nacional ordenó a las instituciones civiles y militares del Estado acabar con el monopolio existente en el país en el transporte de carga y de pasajeros.
Los jueces determinaron que con el incumplimiento de las leyes que prohíben el monopolio se afectan derechos fundamentales, tales como el derecho a la libre empresa, la facultad que tienen los ciudadanos de retirar cargas en sus vehículos en los puertos y aeropuertos, la libertad de tránsito y el derecho al trabajo, en detrimento de un sin número de ciudadanos y del propio Estado.
En la sentencia ordenaron al Ministerio de Trabajo, a la Policía, al Ministerio de Interior y Policía, a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre y al Ministerio de Turismo hacer cumplir las leyes antimonopólicas.
