Santo Domingo.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA), admitió un amparo sometido por el sector social, en contra de la firma del Pacto Eléctrico y fija audiencia para conocer de la referida acción, dirigida al Consejo Económico y Social, CES., entidad encargada de organizar las discusiones, consenso, concertación y firma de los pactos previstos en la ley 1-12, que instituye la estrategia nacional de desarrollo.
El amparo será conocido por la primera sala del Tribunal Superior Administrativo, en la modalidad presencial, bajo la dirección de su presidente, el magistrado Román Hiciano Berroa, a las 12 del mediodía, del próximo miércoles 10 de marzo, según Auto Núm.02043-2021.
Las entidades accionantes, compuestas por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), Asociación de Economistas Dominicanos (ANED), Foro Ciudadano, Ciudad Alternativa, Federación Dominicana de Cooperativas Eléctricas (FEDOCOOPE), Asociación Dominicana para la Educación y Protección de los Consumidores y Usuarios (ADEPROCO), Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), Federación de Comerciantes Unión Económica, Fundación Grupo Guayacán de Energía y Medio Ambiente (GEMA), Consejo Dominicano por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores de la Educación (CONDETRE), Movimiento de Campesinos Trabajadores las Comunidades Unidas (MCCU), Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, Articulación Nacional Campesina (ANC), Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), Hermandad de pensionados/jubilados de la C.D.E.E.E (HEPEJCODEEE), Red Urbano Popular (RUP), y la Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM), expresaron su confianza en que el tribunal acogerá su amparo y restablecerá la institucionalidad.
Las entidades agrupadas en el sector social, que por años participaron en las discusiones del pacto, fundamentan su amparo, en que fue excluyente y firmado de forma ilegal e ilegítima, sin haberse concluido, además de violatorio a los derechos fundamentales de los usuarios del sistema eléctrico, al debido proceso de ley, al debido proceso administrativo, este último como consecuencia derivada del derecho fundamental a la buena administración, a las leyes Nos. 107-13, 1-12, 142-15, respectivamente sobre los derechos y deberes de la administración frente a los administrados, la estrategia nacional de desarrollo y la que instituye el Consejo Económico y Social, así como la Constitución de la República.
Los abogados apoderados, Trajano Potentini y Heriberto Rivas, informaron que el amparo está dirigido a obligar al Consejo Económico y Social (CES), a restablecer, con la matrícula completa de los sectores integrantes del Pacto Eléctrico, las condiciones para concluir de conformidad con las leyes, la constitución y su normativa interna, las discusiones y posterior conclusión y firma del referido pacto.
Asimismo, explicó Potentini en rueda de prensa, celebrada en el observatorio de políticas públicas, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que también estarán sometiendo en calidad de interventores forzosos, a los ministros de la presidencia, Lisandro José Macarrulla Tavarez y Antonio Almonte Reynoso, de energía y minas, al senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Manuel Taveras Guzmán, entre otras autoridades y empresarios que posteriormente serán anunciados, esto así por su participación y protagonismo en el proceso de discusión y lamentable firma del pacto.
Finalmente, los accionantes hacen un llamado al presidente, Luis Abinader y al señor Rafael Toribio, presidente del CES, para que salven el pacto, sometiéndolo a la legalidad e institucionalidad, restableciendo la esencia de la celebración del pacto, que lo es el consenso, la participación y la concertación, en un plano de igualdad de todos los sectores, los cuales convergen en la voluntad colectiva de una mejor gobernanza democrática.
