Matías Bosch
Las desigualdades en la atención médica estadounidense se extienden hasta el hospital. Los hospitales de la red de seguros públicos carecen del dinero, equipos y otros recursos de sus contrapartes más pudientes, lo que dificulta la prestación de cuidados críticos y exacerba las disparidades en resultados.
La mayoría de los pacientes que van a los hospitales de la red de seguros públicos, con problemas serios de financiamiento, son los negros, hispanos y población de bajos ingresos; el 40% tiene Medicaid o no tiene seguro.
Los hospitales ricos, incluidos muchos centros médicos universitarios prominentes, tienen muchas menos probabilidades de atenderlos, aunque vivan en sus patios traseros.
La forma en que el gobierno federal está rescatando a los hospitales por los ingresos que han perdido durante el coronavirus está exacerbando esta desigualdad. Más dinero fluye hacia hospitales más ricos.
Los hospitales privados adinerados, principalmente en Manhattan, han podido reunir reservas de efectivo e influencia política para aumentar su capacidad de atender pacientes rápidamente, aumentar las pruebas y adquirir equipos de protección. En el punto álgido de casos en Nueva York, el sistema de hospitales ricos pudo contratar aviones privados para volar con las codiciadas máscaras N95.
Otra fue la historia en el Hospital Universitario, que es financiado con fondos públicos y es parte de la Universidad de Ciencias de la Salud-SUNY Downstate, cuando intentó recaudar dinero para equipos de protección a través de una página de GoFundMe iniciada por un médico residente.
Trump y su administración están negando el derecho del pueblo norteamericano a tratamientos asequibles. El gobierno federal no ha incluido protecciones de precios en al menos cuatro contratos de medicamentos para combatir la Covid-19. Las omisiones hacen que sea más probable que los tratamientos y las vacunas tengan un precio fuera de alcance para la mayoría.
Los contratos con las farmacéuticas Regeneron, Janssen, Genentech y Ology Bioservices también limitan los derechos de patente del gobierno a los productos que se están desarrollando para Covid-19, a pesar de que están utilizando dinero de los contribuyentes.
Los contratos recientemente publicados muestran que, durante la pandemia, se está permitiendo a las compañías farmacéuticas un margen de maniobra aún mayor en la fijación de precios a los medicamentos.
Estados Unidos gasta cerca del 20% del PIB en salud, pero puesto deliberadamente al servicio de la acumulación de ganancias privadas de aseguradoras, industria médica y farmacéuticas, que lo convierten en un desastre.
Invertir inmensos recursos públicos en subsidios al gran negocio mientras se niegan derechos, parece ser virtuoso y motivo de “orgullo”.
Mientras, Trump sataniza como “socialismo” la sola idea de que se pongan los recursos necesarios para que todos tengan por igual un seguro público decente, sin importar su ingreso ni condición personal.
De hecho, su administración se encuentra en el último intento para derogar el programa Obamacare, lo que podría provocar que millones de estadounidenses pierdan el acceso a los medicamentos junto con las demás coberturas del seguro médico, en un sistema extremadamente privatizado y por tanto sometido al pago.
Lo paradójico es que cuando llegó a la Casa Blanca y se quitó la mascarilla, cuando declara que ahora se siente fuerte y está inmunizado, lo hizo tras haber evadido impuestos de forma escandalosa y haberse curado de Covid-19 en un hospital financiado con fondos públicos, con tratamientos de lujo gratuitos para él por ser presidente, pero imposibles para la mayoría. Así es muy fácil estar “fuerte”, “orgulloso” y andar sin mascarilla, aunque sea una burla para el pueblo.
