Trump: aborto con tres causales y su impacto en RD

La postura del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al aborto ha sido clara: en lugar de imponer una prohibición federal, prefiere que cada estado decida su propia legislación al respecto.

Esta posición, que delega la responsabilidad a las entidades estatales, ha generado debates significativos en diversos países, incluyendo la República Dominicana, donde el tema del aborto es objeto de intensas discusiones.

En la República Dominicana, el aborto está prohibido en todas sus formas, sin excepciones. Esta prohibición absoluta ha llevado a que muchas mujeres recurran a procedimientos clandestinos, poniendo en riesgo su salud y su vida. Organizaciones feministas y de derechos humanos han abogado durante años por la despenalización del aborto en tres circunstancias específicas, conocidas como las «tres causales»: Cuando el embarazo es producto de una violación o incesto.

Cuando la continuación del embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre y cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida. Estas propuestas buscan proteger la integridad y la autonomía de las mujeres, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.

Las organizaciones de mujeres, sostienen que la penalización total del aborto vulnera los derechos humanos de las mujeres y niñas, obligándolas a someterse a procedimientos inseguros que en muchos casos resultan fatales. Según Human Rights Watch, “la prohibición total del aborto en la República Dominicana representa una amenaza para la vida y la salud de las mujeres y vulnera sus derechos”.

Por otro lado, las Iglesias y sectores conservadores dominicanos se oponen firmemente a cualquier forma de despenalización del aborto, argumentando la defensa de la vida desde la concepción. Estos grupos ejercen una influencia considerable en el Congreso Nacional, donde han bloqueado repetidamente intentos de reforma al Código Penal que incluirían las tres causales.

Estadísticas alarmantes

La prohibición total del aborto no ha eliminado su práctica, sino que la ha relegado a la clandestinidad. Aunque es difícil obtener cifras precisas debido a la naturaleza ilegal de estos procedimientos, se estima que miles de mujeres dominicanas se someten a abortos clandestinos cada año, enfrentando riesgos significativos para su salud. Diversos estudios, entre ellos el realizado por el Equipo de Género de la Universidad INTEC, plantean que “la penalización (del aborto) no disminuye la incidencia de la práctica, pero sí aumenta los riesgos de muerte y las consecuencias negativas para la salud.

Además, la República Dominicana presenta una de las tasas más altas de embarazos en adolescentes en la región, lo que agrava la situación y evidencia la necesidad de una educación sexual integral y accesible.

Impacto de la postura de Trump en el debate dominicano

La posición de Trump de delegar la decisión sobre el aborto a los estados puede interpretarse como un llamado a la autonomía legislativa en temas sensibles. Sin embargo, en contextos como el dominicano, donde la influencia religiosa y conservadora ejerce presión en ese poder del estado, esta postura podría reforzar las resistencias a nivel local contra la despenalización del aborto. Esta posición se aprecia en las declaraciones recientes del senador Ramón Rogelio Genao, que entiende que, “con el nuevo liderazgo de Trump, la República Dominicana podrá avanzar en la aprobación de un Código Penal libre de las presiones externas que han influido en la legislación en el pasado”.

La discusión sobre el aborto en la República Dominicana es compleja y está profundamente arraigada en valores religiosos y sociales. La postura de líderes internacionales, como Donald Trump, puede influir en el debate local, pero es fundamental que el Poder Ejecutivo con el presidente Luis Abinader a la cabeza y la sociedad dominicana aborde este tema desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública. Garantizar la autonomía de las mujeres y proteger su salud debe ser una prioridad en la agenda legislativa del país.