*Por Glenn Davis

La principal estrategia de comunicación de este gobierno es la de posicionarse como un estandarte en materia de transparencia, meta que cada día se ve empañada por las constantes irregularidades que se han presentado en esta gestión en los procesos de licitación y otras acciones antiéticas que se han registrado.

La más reciente prueba de la falta de transparencia de esta gestión presidencial se dio a conocer el fin de semana, cuando el Ministerio de Salud Pública se vio obligado a cancelar la adquisición de emergencia de jeringuillas y materiales gastables para la jornada de vacunación del COVID-19, tras la denuncia de que los rubros se comprarían por encima de los precios del mercado.

Según los detalles en el Portal de Compras y Contrataciones, Salud Pública pagaría a 25 pesos cada una de las jeringas, sin embargo, el periodista Estarlin Canelo de El Nacional contactó a diversas empresas que se dedican a la comercialización de insumos médicos y material gastable, y comprobaron que el producto cuesta cuatro pesos con 70 centavos.

De pagarla a RD$7.50, el Gobierno desembolsaría 121, 542,000 pesos, lo que significa un ahorro de 525, 455,000 pesos, en momento en que el país atraviesa por una profunda crisis económica.

Se recuerda que, en marzo pasado, el director General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, tuvo que hacer un llamado público advirtiendo sobre los riesgos de corrupción que aumentan en los períodos de emergencia en países como la República Dominicana.

Hasta para el mismo Gobierno resultó alarmante las violaciones que a ese momento se habían cometido y la cantidad de procesos declarados de emergencia que no cumplían con los requisitos.

Y es que lo ocurrido con el proceso de licitación en Salud Pública no es un caso aislado, se recuerda las denuncias de irregularidades en el proceso de licitación para la compra de 752,000 equipos tecnológicos para la educación escolar a distancia, donde se dio a conocer que un funcionario activo del Banreservas y que una empresa perteneciente a un empresario que es juzgado por lavado y defraudación tributaria se le había pagado un 20 por ciento más que el precio registrado en el pliego de condiciones del Minerd.

También, para “ambientar” la sede central del Ministerio de Educación, el Minerd convocó a una licitación pública que ascendía a 692,828 pesos en arreglos de flores naturales, 158 orquídeas a un costo promedio de 3,732 pesos cada una.

Y sin olvidar la licitación de urgencia para compra de alimentos realizada por el Plan Social por casi RD$300MM con duración de día y medio; la que luego amplió 24 horas más. El proceso llamó la atención por el corto plazo de la licitación. Se interpretó que ya estaba atribuida.

Y es que, aunque la Ley de Contrataciones Públicas en los procesos de urgencias no regula el tiempo que estos deberían durar antes de ser adjudicados, se entiende que dichos plazos deben ser razonables para que se le dé la oportunidad a todos los ofertantes de participar.

En definitiva, el cambio nos ha traído como consecuencia que, seis meses de gestión del presidente Luis Abinader matizados de una total falta de transparencia y constantes irregularidades en el manejo del Estado.