Implicados en la Operación Gavilán. Foto de archivo.
SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidida por la magistrada Rosalba Garib, desestimó el recurso de apelación interpuesto por Alfredo Mirambeaux Villalona, uno de los cincos imputados que cumplen prisión preventiva por su vinculación en el caso Gavilán, y ratificó la medida de coerción impuesta por la Oficina Judicial de Atención Permanente en el pasado mes de agosto.
El tribunal, compuesto además por los magistrados Teófilo Andújar y Delio Germán, conoció el recurso con el que Mirambeaux Villalona buscaba la variación de la medida impuesta.
Según el Ministerio Público, el imputado participó en la red que borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas, la cual fue desmantelada con la Operación Gavilán, a principios del pasado mes de agosto.
Mirambeaux Villalona es uno de los cincos implicados en este proceso judicial que cumple prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En la audiencia de apelación, el Ministerio Público fue representado por los procuradores fiscales Andrés Mena y Sourelly Jáquez.
Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público presentó cargos preliminares en contra una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
En la operación que desmanteló la red criminal participó un equipo de fiscales en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís, en contra de los integrantes de esta estructura delictiva.
En el borrador de antecedentes penales, ejecutado por esta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas, cumpliendo condena de hasta de 30 años de prisión, figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.
El grupo fue sometido a la justicia por los delitos tipificados en los artículos 59, 60, 123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Así como también, por la violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública, los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.
