A primeras horas de la mañana del lunes 23 de octubre, la magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado, Claribel Nivar, rechazó el pedimento de variación de la medida de coerción consistente en arresto domiciliario solicitado por las defensas de los acusados.
Asimismo, el tribunal ordenó mantener las medidas de coerción consistentes en impedimento de salida del país (para ambos) y la presentación de una garantía económica de 10 millones de pesos a Freddy Hidalgo.
En tanto que la juzgadora acogió el pedimento de que le sea retirado el localizador electrónico impuesto a Freddy Hidalgo.
Durante la audiencia, el órgano persecutor refutó los argumentos de las barras de las defensas de los acusados.
El Ministerio Público estuvo representado por Mirna Ortiz, procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como por los fiscales litigantes Ernesto Guzmán Alberto, Yoneiby González, Elizabeth Paredes y Héctor García.
La jueza titular de la sala fijó para el miércoles 1 de noviembre la lectura íntegra de esta decisión.
Ambos acusados forman parte, según el órgano acusador, de un entramado de corrupción que desfalcó al Estado, malversó fondos e incurrió en lavado de activos.
Además de Juan Alexis Medina Sánchez y sus empresas, el proceso también se sigue en contra de su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez, Fernando Aquilino Rosa Rosa, el exministro de Salud Freddy Hidalgo (2012-2014) y el ex contralor general de la República, Rafael Antonio Germosén, así como de Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea y Víctor Encarnación Montero.
También, contra Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y Paola Molina y su empresa, así como de la empresa RyT, José Dolores Santana, Wacal Vernabel Méndez, y de José Miguel Genao – Editorama, entre otros.
Del principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (períodos constitucionales 2012-2016 y 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
