Tribunal impone coerción a integrantes de red de fraude financiero

SANTO DOMINGO.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad, que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta de garantías para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a todos sus trámites, “en razón de que no cuentan con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga”.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso garantía económica, mediante contratos, de RD$3,000,000 a Freddery García Ortiz, señalado como cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., y de RD$2,000,000 a su pareja, María Carolina Durán Tavárez.

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Con la misma modalidad, también impuso una garantía económica de RD$1,000,000 a George Charlie Abreu Tejada; de RD$500,000 a Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias; de RD$200,000 a Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares; y de RD$150,000 a Wilton Rafael Gutiérrez, alias “Chango”.

A solicitud del Ministerio Público, el juez declaró el caso como complejo y otorgó un plazo de 12 meses para concluir la investigación y presentar la acusación formal.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Carlos Vidal, encargado del Departamento de Litigación Inicial, y Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, presentó cerca de 100 elementos de prueba que acreditan la participación de los imputados en el esquema delictivo, evidenciando la estructura, el modus operandi y los resultados fraudulentos obtenidos.

La evidencia fue recabada durante una investigación que se inició a raíz de reclamaciones presentadas por varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional, lo que dio paso a una labor de seguimiento exhaustiva por parte del Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.

Las indagatorias permitieron identificar a los miembros de la red, quienes accedieron de forma fraudulenta a los perfiles de los clientes, realizaron múltiples transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y posteriormente retiraron los fondos a través de cajeros automáticos (ATM) y ventanillas de distintas instituciones financieras.

El operativo fue coordinado por el Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional, en colaboración con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

La Fiscalía trabajó el caso junto a la Dirección de Policía Cibernética (Dicat), ejecutando 34 allanamientos simultáneos a cargo de 40 fiscales, con el apoyo de más de 200 agentes del Dicat. Durante los operativos se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso.

Los implicados sustrajeron información confidencial para realizar transferencias fraudulentas hacia cuentas de los beneficiarios del esquema de estafa, apropiándose ilegalmente de fondos.

Durante el operativo también fueron ocupadas sustancias controladas y vehículos, y el Ministerio Público procedió a la incautación de varios inmuebles adquiridos con los recursos provenientes de las actividades delictivas.

El órgano acusador otorgó a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El Ministerio Público sostiene que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, por lo que solicitó la imposición de prisión preventiva como medida para garantizar el proceso judicial y preservar la integridad de la investigación, la cual sigue abierta para identificar a otros posibles implicados.