Santo Domingo.–“Nos vemos por tercera vez en casación en la Suprema Corte de Justicia”, fueron las palabras que expresó la fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso, luego que los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declararon la extinción de la acción penal contra el exdirector del Instituto Agrario Dominicano Jaime Rodríguez Guzmán, un hermano y su esposa, acusados de distribuir miles de tareas de terreno del Estado en Bahía de las Águilas.

El tribunal estuvo compuesto por Felipe Molina, Tania Yunes y Gregorio Batista, quienes también ordenaron el archivo definitivo del proceso mediante los alegatos de que el plazo de la acción penal había transcurrido. Este es el tercer fallo a favor de los imputados.

En uno de los considerando de la sentencia se establece que la duración máxima de todo proceso es de tres años a partir del inicio de la investigación y que solo se podría extender a seis meses en caso de sentencia condenatoria a los fines de permitir la tramitación de los recursos.

El tribunal ordenó el cese de cualquier medida de coerción en contra de los imputados y de cualquier medida que restrinja sus derechos fundamentales.

El pleno del tribunal fue apoderado del expediente por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que se lo devolvió para que el caso sea conocido por los tres jueces de esa jurisdicción, quitándole facultad a la presidenta del tribunal, Gissell Méndez, que había declarado extinguida la acción penal.

Los magistrados consideraron que los imputados no provocaron ninguna acción que se pueda considerar dilatoria del proceso, por lo que señalaron que conforme a la SCJ, el cómputo del tiempo de duración realizado no puede perjudicarlos.

El fallo fue leído a las 11:00 de mañana en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Reacción

La fiscal Yeni Berenice Reynoso mostró su desacuerdo y de inmediato dijo que recurriría en casación por tercera vez, “porque no se puede permitir que se apropien parte del territorio dominicano ya que es parte esencial del patrimonio del país”.

Citó que es evidente que el tribunal le dio razón al Ministerio Público al fijar la fecha de partida, “que nosotros teníamos dos años diciendo que es que debemos tomar septiembre de 2010, cuando se dio apertura a juicio, como fecha de partida de fijar el plazo”.

Añadió que si bien es cierto que hahabido.

“aplazamiento atribuido al Ministerio Publico pero al respeto de las solicitudes de extinciones que ha hecho la parte acusado en este proceso prácticamente estamos a dos años rechazando las solicitudes de extinciones y tres años que la SCJ ha revocado”.

Destacó que el cómputo debe ser analizado en el contexto de la gravedad del proceso del bien jurídico protegido, “en este caso, es grave porque es el patrimonio esencial del país, entonces en ese sentido la Fiscalía por tercera ocasión reitera que va a recurrir en casación”.

La fiscal indicó que los imputado deben guardar prisión porque cometieron un delito y la Fiscalía formalizo la acusación el año pasado en contra de ellos.

“Estamos hablando de 400 millones de metros cuadrados del territorio nacional y seria una pena absurda y lamentable que quedara impune” dijo.
Mientras que el abogado Francisco Taveras, representante de los imputados, dijo que se siente satisfecho por la decisión del tribunal.

Anteriormente el pleno de la Suprema Corte de Justicia había revocado la decisión dictada por la jueza presidente Gisselle Méndez Álvarez del Primer Tribunal Colegiado, disponiendo que el caso fuera ventilado por el mismo tribunal completo.