SAN PEDRO DE MACORÍS.– El Juzgado de la Instrucción envió a juicio de fondo y ratificaró la medida de coerción de prisión preventiva a seis personas implicadas en las muertes de varios chóferes del transporte público, cuyos cadáveres fueron encontrados el pasado año en una fosa común en la comunidad de Juan Dolio.
La institución destaca que la fiscal litigante Carmen Mohammed logró que el tribunal rechazara todos los pedimentos de nulidades y exclusiones de pruebas, acusación y de variación de la prisión preventiva que fueron solicitados por los abogados de los encartados.
El juez de la Instrucción Josepang Benhard envió a juicio de fondo a los imputados Hugo Antonio Zorrilla Alfonseca, Luz Divina Martínez Pimentel, Janser Peralta Mercedes, Radhamés Ramírez Rodríguez, Jaime Valentín Encarnación Figuereo (Jay), y Samuel de Jesús Fortuna Peña (Samuel o Bocio), quienes desde el pasado año cumplen prisión preventiva en diferentes centros penitenciarios del país por su vinculación a esos crímenes.
Además, por su relación a los hechos son perseguidos por las autoridades dos hombres que permanecen prófugos, solo identificados como “Divani” y “El Haitiano”.
El grupo es acusado de haber ocasionado la muerte a los chóferes Vidal Dionisio Berroa Manzueta, Jary Wilson Rodríguez, Germán Arredondo Quezada, y a David Polanco, hechos que indignaron y consternaron a toda la población dominicana.
La Procuraduría General destaca que como parte de las acciones puestas en marcha por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, para combatir con mayor eficiencia la criminalidad, se han dispuesto mejoras en la operatividad de las diferentes procuradurías fiscales, lo que está permitiendo obtener resultados más favorables en los procesos judiciales.
La Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís, encabezada por su titular Pedro Núñez Jiménez, acusa al grupo de violar los artículos 59, 60, 61, 62, 265, 266, 267, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 303-4 numerales 9, 10 y 11, 379, y 382 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 39 de la antigua Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.
El expediente establece que el modo de operación de los inculpados consistía en utilizar maniobras fraudulentas para ubicar a determinados vehículos que eran solicitados con ciertas especificaciones por las personas que tenían a cargo, posteriormente, la venta de los mismos.
Indica que los imputados lograban convencer a los chóferes de forma amigable para que se fueran con ellos tras proponerles que necesitaban un vehículo para trasladar pasajeros de la localidad de Juan Dolio al municipio de Ramón Santana, pagando muchas veces por adelantado más de la mitad de lo pactado.
Explica que de esa forma se inició una cacería de vehículos que dejó sin vida al menos a cuatro personas y en estado de “shock” a varias víctimas que pudieron sobrevivir a los hechos.
