El Día 
Momentos en que los implicados en Operación Gavilán eran trasladados a la sala de audiencias para el conocimiento de medidas de coerción. Foto: Guillermo Burgos.
SANTO DOMINGO.- El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce este viernes la solicitud de medida de coerción contra 12 personas vinculadas en la operación Gavilán, acusados de eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo a los apresados mediante Operación Gavilán.
Previo al inicio de la audiencia la defensa de Mártires Rosario Reyes, dijo que solicitarán que la misma sea aplazada para conocer el expediente.
«Vamos a solicitar el aplazamiento, a los fines de presentar al tribunal los presupuestos y entonces desviar lo que es el peligro de fuga de nuestro representado Mártires Rosario», expresó la abogada Nelly Campusano.
Los implicados en el caso son: Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República; Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva.
La medida incluye a los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
La Operación Gavilán tiene bajo investigación al menos a siete fiscales contra los que el Ministerio Público procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia. Al mismo tiempo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
