Tribunal condena a 10 años de prisión a exencargado de suministros de Servicios Penitenciarios por estafar empresas
SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó diez años de reclusión contra un exencargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), procesado por estafar a varias empresas mediante la simulación de compras institucionales.
El tribunal integrado por los jueces Keila Pérez Santana (presidenta), Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez, impusieron la condena contra Antonio Beato Dionicio, contra quien el Ministerio Público había solicitado la imposición de una pena de 20 años de prisión.
De acuerdo al expediente, Beato Dionicio, quien cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal, se dedicaba a captar personas físicas y jurídicas, utilizando el nombre del Ministerio Público y de la DGSPC.
Señala que creó y utilizó documentaciones públicas falsas de dichas instituciones para obtener mercancías que luego revendía.
El fiscal litigante Emmanuel Ramírez valoró la decisión como positiva para la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad que desarrolla el Ministerio Público.
“Para nosotros esto es una condena que sirve de ejemplo para todos aquellos funcionarios públicos y servidores públicos; para que no incurran en actos ilícitos en perjuicio de la sociedad dominicana”, destacó el fiscal adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Explicó que el procesado, aprovechó su función, para estafar a una gran cantidad de empresarios que confiaron en él creyendo que estaban contratando con la Procuraduría General de la República, “y se hizo entregar diferentes productos alimenticios, los cuales procedió a vender a diferentes comerciantes de San Cristóbal”.
La acusación contra Antonio Beato Dionicio, de 112 páginas, fue presentada en noviembre del año 2025 por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Miguel Collado.
El expediente fue sustentado con 60 pruebas documentales, 25 testimoniales, 36 procesales, 5 materiales y 4 periciales, que demuestran la responsabilidad penal del acusado.
