Por Eric Javier
Eran los últimos días de noviembre de 2020 cuando el Ministerio Público, bajo el impulso de Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, tocaba a las puertas de los tribunales con una investigación que tenía a la cabeza a un hermano del presidente del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la República, Danilo Medina.
Les tocaría después a los responsables de la seguridad del exmandatario y a otros altos oficiales militares. Un día fue dejado detenido el hombre que había ejercido de Procurador General de la República.
Hasta ese momento la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, encabezada por la magistrada Reynoso, había realizado varias operaciones que había denominado Antipulpo, Coral, Coral 5G y Medusa.
Se pensaba que había pasado todo ante los ojos de la opinión pública, pero faltaba un raro expediente, en el que llegarían envueltos un exministro Administrativo de la Presidencia, un exministro de Hacienda y un exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del partido de gobierno hasta el día 16 de agosto de 2020.
Están presos los tres bajo medidas coercitivas y sin embargo la sociedad parece haberse olvidado de ellos, ¿por qué?
Digamos que la sociedad dominicana no tiene ningún motivo para sentirse acongojada porque tres responsables de ministerios hayan sido llevados a la cárcel por una investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, porque al fin y al cabo no se le consultó para su designación —ni había que hacerlo, según la Constitución de la República—, pero entre los sometidos e inmovilizados por una medida de coerción se encuentra un excandidato presidencial que por poco llega a ser Presidente y sin embargo es como si no hubiera pasado nada, ningún comentario, ninguna reflexión.
Y no es que haya que considerarlos culpables. De hecho, la propia Carta sustantiva señala en su artículo 69.3 el derecho de toda persona imputada ante un tribunal a que se presuma su inocencia y a que se le trate como tal “mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable”.
El contenido de este artículo es mucho, casi demasiado, para la opinión pública dominicana, que dedicará mítines, marchas y concentraciones populares para que se tranque a un inculpado, pero que no dedicará diez minutos de su vida a reflexionar sobre la política representativa y el derecho de cualquier dominicano, no importa su condición moral y material, para presentarse como opción a la administración de lo público.
Gonzalo Castillo es tan preso como José Ramón Peralta y como Donald Guerrero, pero la opinión pública no lo sabe porque también se ha olvidado de él como le ha dado de lado a los otros dos exministros, inocentes los tres hasta que esta presunción sea destruida.
