PHOENIX, EEUU.- Tres grupos defensores de los derechos civiles en Estados Unidos anunciaron el jueves que presentarán una demanda federal contra la nueva ley que criminaliza la inmigración indocumentada en Arizona, estado sureño fronterizo con México.
"La comunidad de Arizona puede estar segura de que se presentará un recurso de impugnación vigoroso y sofisticado, antes de la aplicación de (la ley) SB 1070, para tratar de evitar que esta ley inconstitucional y discriminatoria entre en vigor", dijo Thomas A. Saenz, presidente del Fondo Educacional y Defensa Legal Mexicano-Americano (MALDEF).
El anuncio de esta demanda coincidió con la publicación de un sondeo de la firma Angus Reid, según el cual 76% de los adultos estadounidenses apoyan que se convierta en un delito el transporte de ciudadanos indocumentados, y por abrumadora mayoría respaldan regulaciones similares a la promulgada en Arizona (sur).
La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), el Centro Nacional Legal de Inmigración (NILC) y el MALDEF prometieron en una conferecia de prensa en Phoenix que desafiarán la ley de Arizona ante una corte federal, pero sin detallar la estrategia.
La embajada de México en Washington anunció que apoyará "decididamente" estas acciones judiciales.
Una portavoz de ACLU dijo que aún están desarrollando los pasos legales para evitar la puesta en vigencia de la ley promulgada el viernes por la gobernadora republicana Jan Brewer, que permite arrestar a personas que no lleven consigo documentos de residencia, castigar a quienes contraten jornaleros en la calles y también a aquellos que transporten extranjeros indocumentados.
"Esta ley solo empeora el rampante prejuicio racial de los latinos que se aplica en Arizona", dijo Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de la ACLU de Arizona. "Si esta ley se lleva a cabo, los ciudadanos, efectivamente, tendrían que llevar sus papeles (de identificación) en todo momento para evitar el arresto", dijo al referirse a los estadounidenses con rasgos raciales que pudieran levantar las "sospechas razonables" que ampara y exige la ley.
La cantante Linda Ronstadt, nacida en Tucson, la mayor ciudad de Arizona cerca de la frontera mexicana, prestó su apoyo el jueves a esta campaña para derrotar una "legislación que amenaza el corazón de este gran estado", dijo en conferencia de prensa.
Por otra parte, la cantante colombiana Shakira se reunía en Phoenix con el alcalde Phil Gordon, un demócrata opositor de la ley, en un intento por aumentar la presión para evitar su entrada en vigencia.
La ley desató una ola de indignación entre la comunidad hispana en Estados Unidos, la primera minoría en el país con 44 millones de habitantes, así como en México, Guatemala, El Salvador y Honduras, de donde proviene la mayoría de los extranjeros para trabajar en la construcción y los servicios.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió el martes una alerta con recomendaciones para todos los mexicanos que viajen o residan en Arizona porque "existe un ambiente político adverso para las comunidades migrantes y para todos los visitantes mexicanos", explicó.
Además, legisladores estadounidenses hicieron llamados para realizar un boicot económico contra todos los negocios que provienen o se ejecutan en Arizona. El presidente Barack Obama, que se opuso a la nueva legislación la semana pasada, describió la medida como "divisoria".
El profesor de derecho en la Universidad de Missouri Kris Kobach, que ayudó a redactar el polémico proyecto de ley, escribió en el New York Times que un policía "no sólo puede considerar la raza, color u origen" para detener en la calle o interrogar sobre el estatuto migratorio.
"Se tomaron pasos acompasados, razonables para dar a oficiales de policía de Arizona otra herramienta cuando entran en contacto con los extranjeros ilegales durante sus funciones normales", explicó el académico.
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