El Día 
Osvaldo Bonilla Hiraldo, fiscal de Santiago.
Santiago – El fiscal Osvaldo Bonilla confirmó este lunes la renuncia de tres fiscales, aunque descartó que su salida vaya a afectar los servicios que presta su gestión a la ciudadanía de esta provincia.
“Ciertamente, a final de la semana pasada, recibimos cartas de tres fiscales que han puesto renuncia, y lo único que podemos decir es que el representante del Ministerio Público que no comparta el estilo de trabajo, que está basado en el buen servicio al usuario, en la transparencia, está en el deber de hacer eso: de irse a donde entienda que tiene un mejor norte”, dijo Bonilla Hiraldo.
Los fiscales renunciantes mediante comunicaciones al Consejo Superior del Ministerio Público son Yorky Almonte, el fiscalizador Miguel Berroa Natera y el abogado con funciones de fiscal Félix Payano.
“Sin embargo, la fiscalía sigue contando con un equipo de fiscales fuertes y preparados para seguir enfrentando la criminalidad en esta ciudad”, dijo Bonilla.
El fiscal titular de esta provincia habló con los periodistas al salir de la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción en el Caso Falcón.
La renuncia de los fiscales se produce en momentos en que las autoridades realizan las investigaciones sobre la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada mediante la Operación Falcón.
Más de 350 pruebas
El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que el Ministerio Público está preparado para aportar más de 350 pruebas durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados de la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón que se conoce en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción.
“A pesar de que la defensa hizo varios intentos fallidos para impedir que el Ministerio Público presentara su solicitud, hoy hemos logrado iniciar con la presentación de los hechos. Estos hechos están vinculados a imputación de tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas”, explicó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En ese mismo orden, dijo que este martes el Ministerio Público pretende continuar presentando su solicitud de medida de coerción, de la que en la jornada de hoy fueron presentadas las primeras 54 páginas, correspondientes a los hechos y la descripción de quién es quién dentro de éste entramado criminal.
“Presentaremos nuestras pruebas. Estamos hablando de más de 350 pruebas con que cuenta el Ministerio Público que serán más que suficientes; primero, para demostrar lo que siempre hemos demostrado, que nosotros vamos a los tribunales con procesos blindados; además, para poner a la jueza en condición de que se dicte la medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público, que es la de prisión preventiva”, dijo.
“Esta es una investigación abierta, una investigación en curso, ustedes se habrán dado cuenta, seguimos haciendo allanamientos y, en la medida de que aparezcan nuevas evidencias y esas evidencias vinculen a nuevas personas, evidentemente, las estaremos presentando a los tribunales”, añadió Camacho, al responder a periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal.
La jueza Iris Borges, ratificada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago luego de ser recusada por varios representantes de las defensas de los imputados el pasado miércoles, retomó el conocimiento de la medida este lunes pasadas las 10:00 de la mañana.
El Ministerio Público inició la presentación de medida de coerción a las 11:20 de la mañana, luego de un receso de 45 minutos que se prolongó por más de una hora, debido a que los abogados de al menos cinco imputados se retrasaron.
El procurador adjunto Camacho informó que la coerción sería presentada en dos partes, primero cómo operaba la red criminal de lavado de activos producto del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón, y en un segundo momento el rol de cada uno de los imputados dentro de la organización criminal.
La parte agraviada es el Estado dominicano, ya que el narcotráfico internacional y el lavado de activos constituyen delitos de orden público.
Esta organización criminal tenía como principal actividad el tráfico de miles de kilos de drogas, específicamente cocaína, desde Sudamérica hasta Estados Unidos, Puerto Rico y varios países de Europa.
La red de lavado desmantelada con la Operación Falcón manejaba millones de dólares en efectivo, amenazaban a personas e intentaron evadir la persecución penal utilizando la inmunidad, específicamente el caso de un legislador que intentó eludir a un extraditable del cerco que habían establecido las autoridades.
Los investigadores estiman que la red traficaba aproximadamente 2,500 kilos de cocaína semanales desde 2012, aunque hay registro de actividades criminales de este entramado desde antes de la fecha. También se intensificaron las operaciones a partir de 2017.
La red tenía como centro de mando y control la provincia de Santiago, en República Dominicana, funcionando con un esquema propio de una mafia, en el que se involucra a los miembros de la familia en toda la operación criminal.
