El gobierno de República Dominicana ha logrado avances significativos en la lucha contra la trata de personas, aunque aún no cumple plenamente con los estándares internacionales.
Según el Informe sobre la Trata de Personas 2025, el país fue ascendido al Nivel 2 debido al aumento de investigaciones, procesamientos y medidas preventivas implementadas en comparación con el período anterior.
Este avance fue anunciado hace dos semanas por el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, durante su participación en La Semanal con la Prensa, aunque en esa ocasión no ofreció más detalles.
El informe destaca como logros la modificación de la Ley 137-03, que elimina el requisito de demostrar fuerza, fraude y coerción en casos que involucran a menores; la creación del Plan de Acción Nacional 2025-2028; y la implementación de un programa piloto para registrar trabajadores migrantes, garantizando su libertad de movimiento y reduciendo su vulnerabilidad al trabajo forzoso.
Durante 2024, las autoridades iniciaron 229 investigaciones de trata, de las cuales 216 fueron por trata sexual y 13 por trabajo forzoso, mientras que se procesaron 78 presuntos traficantes, incluidos algunos funcionarios presuntamente cómplices.
Sin embargo, la corrupción y la complicidad oficial continúan siendo desafíos importantes que afectan la persecución penal efectiva.
En materia de protección, el gobierno identificó 136 víctimas, tanto nacionales como extranjeras, y las derivó a servicios de atención gubernamentales o de ONG. A pesar de ello, persisten limitaciones en la atención a víctimas de trabajo forzoso, a hombres y a poblaciones en zonas rurales o fronterizas.
Además, la falta de documentación para personas apátridas sigue exponiéndolas al riesgo de explotación.
El informe subraya la necesidad de fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía General, ampliar la capacitación de los funcionarios y asegurar la plena implementación de la ley de nacionalidad para reducir la vulnerabilidad a la trata.
Asimismo, recomienda intensificar la identificación proactiva de víctimas en sectores de riesgo como agricultura, construcción, turismo y entre migrantes antes de su expulsión.
A pesar de los desafíos, el informe reconoce los esfuerzos del gobierno dominicano por mejorar la legislación, aumentar las inspecciones laborales, sancionar empresas con indicios de trabajo forzoso y reforzar programas de prevención y sensibilización.
Sin embargo, expertos insisten en que es necesario un enfoque más integral para proteger a todas las víctimas y garantizar justicia efectiva frente a los traficantes.
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Dayana Acosta
Periodista dominicana con maestría en Comunicación Corporativa y Gerencia Hospitalaria y Seguridad Social. Apasionada de la investigación y de contar historias con propósito.
