CARACAS, Venezuela.— Las autoridades trasladaron este miércoles el juicio al opositor Leopoldo López a la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentra recluido por su presunta responsabilidad en los hechos violentos ocurridos en Caracas la semana pasada, mientras persisten las tensiones por las protestas que ya suman cinco fallecidos.
Sus abogados denunciaron pretensiones de violar el debido proceso.
“No queremos que se produzca un juicio carcelero, una audiencia oral dentro de un recinto penitenciario”, dijo Juan Carlos Gutiérrez , uno de los abogados de López, de 42 años. El gobierno dijo que para garantizar la seguridad del detenido.
El defensor agregó en un comunicado “en este momento el Palacio de Justicia es el lugar más seguro y protegido de toda Venezuela. No hay otro sitio que esté mejor custodiado y que ofrezca mejores condiciones de seguridad que este…Queremos denunciar la pretensión de violar el debido proceso. Nos preocupa que no se cumplan las normas constitucionales, las reglas y garantías”.
Según la defensa, López podría ser imputado de los delitos de homicidio intencional y terrorismo, entre otros, pero un funcionario judicial, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar, dijo a la AP que solo se estaría considerando imputarlo por lesiones graves, incendio de edificio público e instigación a delinquir.
Varios centenares de manifestantes acudieron a los tribunales penales para acompañar a López en su audiencia que horas después fue trasladada a la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital.
La sede del Palacio de Justicia, en el centro de la capital, amaneció rodeada de varias decenas de guardias nacionales que portaban equipos antimotines.
Los manifestantes se retiraron pacíficamente de los tribunales luego de permanecer por varias horas en los alrededores. López es investigado por su presunta responsabilidad en los incidentes violentos que se registraron el 12 de febrero en el centro de la capital tras una multitudinaria marcha opositora, que dejaron tres fallecidos, 66 heridos y 69 detenidos.
Desde entonces se registran en Caracas y otras ciudades protestas callejeras contra Maduro, en la primera crisis política que enfrenta el mandatario, de 51 años, desde que asumió el gobierno en abril de 2013 luego de las elecciones realizadas ese mes tras la muerte del expresidente Hugo Chávez.
Los muertos aumentaron a cinco, liego que Génesis Carmona, de 22 años, una estudiante y reina local de belleza, falleció cerca del mediodía del miércoles, un día después de ser herida de bala en la cabeza durante una protesta en el estado central de Carabobo.
Los manifestantes acusan a Maduro y a su predecesor de los altos índices de criminalidad y de otros problemas que agobian a los venezolanos como la galopante inflación y la escasez de bienes y servicios de primera necesidad.
Al rechazar el proceso contra López, uno de sus abogados, Enrique Sánchez Falcón, afirmó que “hay bastantes consideraciones que se pueden hacer acerca de lo que efectivamente ocurrió” en las protestas de la semana pasada.
Sánchez Falcón se abstuvo de comentar sobre los delitos por los que sería imputado López y sólo dijo a la emisora local Radio Caracas que el dirigente fue sometido la víspera, tras ser detenido, a una evaluación médica y que “no hubo nada particular”.
Sobre las razones que llevaron a las autoridades a trasladar a López a la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, el abogado indicó que fue “para mayor seguridad”.
El presidente Maduro dijo el martes que las autoridades obtuvieron informaciones de que “la ultraderecha de Miami y de Venezuela, ante la orden de captura movilizaron unos grupos extraños para buscar a Leopoldo López y matarlo y crear una crisis política”.
Indicó que “nosotros salvamos la vida” de López y que el presidente de la Asamblea Nacional, diputado oficialista Diosdado Cabello, pasó durante “tres madrugadas” conversando con los familiares del dirigente político.
El canciller Elías Jaua defendió el miércoles las actuaciones de gobierno en el caso de López y señaló a Estados Unidos de prestar apoyo a sectores opositores locales para actuar contra el gobierno de Maduro.
Jaua dijo durante una reunión con embajadores de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en la Cancillería que las autoridades han actuado apegadas a la ley y respetando los derechos humanos.
El canciller informó el martes, en una entrevista en la televisora rusa Russia Today, que las autoridades descubrieron un plan de funcionarios consulares de Estados Unidos que, mediante la promoción y entrega de visas a jóvenes de universidades públicas y privadas, hacían reuniones y contactaban a quienes “estaban fraguando el plan que desembocó el 12 de febrero”, según reseñó la estatal Agencia Venezolana de Noticias.
Uno de los tres segundos secretarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, que fueron expulsados por el gobierno señalados de supuestas actividades conspirativas, ya abandonó el país y se espera que los otros dos salgan este miércoles, precisó el canciller.
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