Ningún país que reclame competitividad, inserción en mercados globales y enarbole principios democráticos y de libre empresa tolera monopolios sin regulación, como es el caso de los transportistas en nuestro país.
Cuales anarquistas, cobijados bajo el paraguas de la violencia y el terror, actúan como amos y señores feudales.
Hace décadas, en las postrimerías del régimen dictatorial, se conoció la posibilidad de constituir gremios reales, capaces de aglutinar trabajadores especializados, en procura de reivindicar derechos y conquistar mejoras para los agrupados. Muchos de estos sindicatos cayeron en politiquerías, inclusive una gran cantidad de ellos devinieron en afiliación partidaria.
Los gobiernos de la democracia, comenzando por el Consejo de Estado, y agravándose con el régimen de Balaguer y los que le sucedieron, fueron otorgando privilegios a estos sindicatos, con la intención deliberada de comprometer votos por vía de la compra de la conciencia y ética de su liderazgo, incluyendo prebendas a los lugartenientes que les acompañan.
Con estas actitudes privilegiadas, que tomaban diversas formas: exoneración de impuestos de importación y de rentas, exoneración de gomas, repuestos y carburantes, concesión exclusiva de rutas y sitios de carga, regalando unidades de transporte, avalando préstamos que no se pagan, se fue comprando votos, pero a costa de que el país perdiera posibilidades de desarrollo, competitividad, y sobre todo, permitir que con el uso de la violencia se fijasen condiciones antojadizas para extorsionar al usuario de dichos servicios: sean estos pasajeros, empresarios o el mismo Estado.
Todo el país se ha pronunciado en contra de estos millonarios privilegiados monopolistas, que continúan en su afán impune de mantener sus regalías, y aún imponer más prebendas en su favor.
¡Si la autoridad nacional no reacciona por una y todas, y no desmantela esta telaraña, la mafia americana, la camorra italiana, o la bratva rusa nos quedarán chiquitas!
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