El gobierno, en este periodo excepcional, está apelando al imperio de la transparencia y la fiscalización. A todos los niveles. El Poder Ejecutivo también se muestra sensible a que haya transparencia.
También, que se recurra a la denuncia pública ante el asomo del uso indebido e indecoroso de los recursos del Estado.
El combate a la corrupción, a la inseguridad ciudadana, al narcotráfico y un largo etcétera, articula, hoy más que nunca, diversas instancias del Estado.
Articula las acciones de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa, la Dirección de Migración, el Departamento de tráfico ilegal y trata de personas de la Procuraduría General de la República. Amén de otros planes y operativos que puedan aportar las gobernaciones de la provincia Santo Domingo y el interior.
Independientemente de las advertencias, los pedidos de supervisión o el apego a los mecanismos de la transparencia, no se puede apostar solo a eso para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico, la inseguridad ciudadana, el delito común, la criminalidad, la delincuencia barrial, el lavado, y recientemente, la actitud de varios funcionarios sorprendidos en el uso y abuso indecoroso de los recursos del Estado.
La responsabilidad del combate y las acciones disciplinarias contra la corrupción, afortunadamente, corresponde a la justicia y a todas las instancias y organismos del Estado con atribuciones en ese orden. No obstante, se hace necesario llevar la transparencia al más alto nivel, desde un punto ético y moral, porque también sirve para mantener en alerta todo el aparato de prevención necesario.
La transparencia al más alto nivel se convierte en un férreo muro de contención contra probables planes que puedan orquestarse en la oscuridad y que devienen en lamentables excesos. La sociedad debe mantenerse en estado de alerta, vigilante ante cualquier asomo del uso indebido e indecoroso de los recursos del Estado.
