Josefina Reynoso
Por: Josefina Reynoso
La reciente propuesta de modificación de la Ley núm. 1-24, que establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la República Dominicana, ha despertado un interés renovado en la regulación del sistema de inteligencia nacional.
Esta iniciativa busca corregir diversas deficiencias y preocupaciones que han surgido en torno al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ejercicio de funciones de inteligencia.
Sin embargo, es fundamental reconocer que, a pesar de los avances propuestos, no todos los actores relevantes han sido convocados para participar en este proceso de revisión.
La omisión de voces críticas, como las de académicos y representantes de la sociedad civil, plantea serias dudas sobre la legitimidad y la efectividad de las reformas planteadas.
La Ley núm. 1-24, promulgada en 2024, ha sido objeto de críticas desde su inicio.
Entre sus debilidades más notables se encuentran la falta de claridad en los protocolos de actuación, así como la ambigüedad en las facultades otorgadas a la DNI, lo que ha llevado a temores sobre posibles abusos de poder.
Estas deficiencias han suscitado preocupaciones sobre el respeto a la privacidad y la seguridad de los ciudadanos, planteando interrogantes sobre hasta qué punto el Estado puede intervenir en la vida privada sin violar derechos fundamentales.
La experiencia ha demostrado que una legislación mal diseñada puede resultar en la erosión de las libertades civiles y en un clima de desconfianza hacia las instituciones del Estado.
Desde el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE), hacemos un llamado a la inclusión de todos los actores sociales en este proceso de modificación.
La falta de convocatoria a todos los sectores relevantes no solo limita la calidad del debate, sino que también puede perpetuar las debilidades de la ley original.
Sin la participación de académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil, corremos el riesgo de crear un marco legal que no refleje las preocupaciones y necesidades de la ciudadanía.
La inclusión de estas voces es esencial para garantizar que las reformas no solo sean efectivas en términos de seguridad nacional, sino que también respeten los principios de transparencia y rendición de cuentas.
El proceso de modificación de la Ley núm. 1-24 debería ser visto como una oportunidad para construir un sistema de inteligencia que no solo proteja la seguridad de la nación, sino que también fortalezca la confianza pública.
La participación activa de todos los sectores de la sociedad contribuirá a un marco normativo más robusto y que realmente sirva a los intereses de todos los dominicanos.
La seguridad y la libertad no son conceptos opuestos; deben coexistir de manera armoniosa, y esto solo es posible si se lleva a cabo un diálogo abierto y sincero que incluya a todas las voces en esta crucial discusión.
Por ello, es imperativo que se escuchen todas las opiniones antes de avanzar en la modificación de la ley, asegurando así un enfoque verdaderamente democrático y participativo.
