Con su traspaso por decreto al Ministerio de Educación, el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) comenzó a recorrer un camino que amplía de manera significativa su incidencia en el abordaje de la discapacidad y resitúa en la opinión ciudadana sus funciones inherentes.
Percibido como un recurso exclusivamente terapéutico el síndrome de Down, trastorno del espectro autista y parálisis cerebral, la naturaleza del ministerio al que fue traspasado creó inicialmente confusión y provocó comentarios contrarios a la decisión del presidente Luis Abinader.
Desde espacios de opinión periodística y de organizaciones sociales se preguntó con insistencia sobre el vínculo lógico entre ambas entidades que justificara la medida. Cumpliendo con su responsabilidad, el CAID fue exhaustivo en la explicación de las consecuencias inmediatas y futuras de su adscripción al Minerd. Vale, sin embargo, retomar el tema.
Un primer malentendido atañe a la autonomía institucional. Fue común, y aún sigue siéndolo, interpretar el traspaso como la anulación de la autonomía del CAID y el consecuente abandono, o por lo menos merma, de sus servicios tal como han sido prestados a la población infantil con alguna de las condiciones que trata.
No es así. El decreto presidencial preserva al CAID como un órgano desconcentrado funcional y territorialmente; es decir, tal como lo define la doctrina administrativa, como responsable de facilitar el cumplimiento de competencias específicas de un órgano superior, en este caso la protección del derecho a la educación de los niños y niñas con alguna discapacidad que, por diversos motivos, ven limitada, cuando no impedida, su participación en la escuela.
Lo anterior no implica que los servicios terapéuticos del CAID vayan a ser suspendidos en algún momento o afectada su finalidad. Por el contrario, la mayor holgura presupuestaria garantizada en el decreto de traspaso abre las puertas a una más pronta concreción del nuevo modelo de atención identificado con la sigla N-MAS.
De este modelo forman parte las unidades de intervención terapéutica territorial (UITT) que facilitarán a los niños y niñas con discapacidad el acceso en su propio territorio a terapias que desarrollen, en un tiempo significativamente menor, sus máximas competencias para la vida cotidiana y la interacción social.
Proyecto pionero, el CAID organizó sus servicios con una perspectiva que ha perdido vigencia. El derecho adquirido de los padres a que sus hijos permanezcan recibiendo terapia hasta alcanzar el límite de edad, fijado en doce años, terminó convertido en escollo a la movilidad de la población atendida. Con las UITT se asegura la fluidez del servicio a una mayor cantidad de niños y niñas para los que, hasta hoy, ha sido dificultoso abrir cupos.
Al mismo tiempo, el traspaso potencia la misión del CAID de protagonizar el cambio del imaginario colectivo y desterrar de la cultura los tabúes y prejuicios que excluyen de la vida social a los niños, niñas y adultos con discapacidad.
