La República Dominicana tiene una bien ganada fama de displicente en el combate del abominable crimen de tráfico con seres humanos.
Nuestras autoridades suelen no prestarle la atención requerida a enfrentar esta práctica ilícita, que casi siempre viene acompañada de abusos y maltratos, registrándose casos en que incluso se produce la muerte de algunos de los que se ponen en las manos de los traficantes de personas.
Los ejemplos de desinterés estatal para atacar ese delito están a la orden del día.
El más reciente ha estado a la vista de todas las autoridades. Incluso, casi les tocaba las puertas, pero no se ha notado un interés de actuar y sancionar a los responsables de traer ilegales a la República Dominicana para luego explotarlos.
El grupo de haitianos que duró casi un mes frente al Ministerio de Trabajo reclamando de su empleador el pago de las prestaciones laborales, también contó cómo fueron traídos al país, por lo que evidencia ser una estructura organizada de tráfico de personas desde Haití.
La parte laboral, en verdad, corresponde a los tribunales tomar una decisión, pero el evidente tráfico de seres humanos entra en la esfera del Ministerio Público o la Dirección General de Migración.
Sólo el contubernio justificaría que se deje de lado el dramático caso de tráfico de seres humanos que ha quedado evidenciado.
