Uno de los asuntos a los que más interés ha dedicado la opinión pública luego del año de la pandemia es a la facilidad con la que miles de haitianos franquean la frontera, particularmente por la parte norte del país.

En enero pasado Listín Diario publicó la historia de una haitiana que dos días después de haber si deportada estaba de regreso en Santiago dedicada a lo que siempre había hecho: vender al pregón.

Desde luego, esto le costó trece mil quinientos pesos. Para llegar de Dajabón a La Mata de Santa Cruz, en la provincia Montecristi, pagó tres mil quinientos y de allí ocho mil para regresar al punto en el que había sido cogida por una patrulla de Migración.

En este relato hay una historia de todos los días y cualquiera puede preguntarse, ¿cómo es posible que la vecindad sepa quienes son los ‘facilitadores’ de este tráfico y las autoridades, sin embargo, no se enteren?
Durante el fin de semana la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, junto a la Fiscalía de Montecristi, realizó lo que denominó Operación Frontera, con la que detuvo a catorce personas a las que atribuye el oscuro negocio de tráfico humano de Haití a República Dominicana. Entre los detenidos hay cinco militares del Ejército, dos de ellos oficiales de rango básico.

Para el sentido común este es un negocio local extendido, en el que participan haitianos. Y lo peor, como lo demuestra la información suministrada por la Procuraduría, del lado dominicano intervienen militares, un dato bochornoso que tal vez no es más que la pequeña hilaza de una gran madeja dentro de los cuerpos armados.

Se impone, a propósito de este caso, una profunda investigación, pero extendida a la parte céntrica de la frontera desde Pedro Santana hasta Jimaní, y la necesaria depuración del personal militar que se presta para este crimen.