Ampliarán equipo para combatir red de tráfico ilícito de migrantes en el país

Santo Domingo, RD. – La nueva Unidad de Investigaciones de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC) trabaja en la ampliación de su personal especializado, con capacidad para llevar a cabo indagatorias contra redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, delito que, según las autoridades, suele estar vinculado a funcionarios de distintas instituciones del Estado.

Así lo reveló la titular de la UITIMC, Johanna Bejarán, quien informó que se encuentran en proceso de depuración y preparación del personal seleccionado para labores de investigación y despliegue de equipos especializados en la persecución y desmantelamiento de grandes redes criminales dedicadas a este delito.

La magistrada explicó que las investigaciones buscan identificar a todos los implicados en estas estructuras delictivas, y que las pesquisas han revelado la participación de funcionarios de instituciones de seguridad del Estado, quienes estarían facilitando la comisión de estos crímenes.

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A lo largo de las investigaciones realizadas contra estructuras criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, ya desmanteladas, los resultados han evidenciado la implicación de personas pertenecientes a organismos cuyo deber es precisamente combatir estos delitos, así lo expreso Bejarán, quien es también titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).

Por esta razón, los equipos de la unidad serán desplegados en distintas jurisdicciones del país, para ofrecer apoyo a las fiscalías a nivel nacional, ante el aumento del índice de tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos.

En declaraciones recientes, la procuradora Yeni Berenice Reynoso indicó que los fiscales del país deben dar alta prioridad a los casos que involucren inteligencia o evidencia de que funcionarios públicos o miembros de instituciones militares y policiales forman parte de estructuras criminales de tráfico de migrantes. En estos casos, según lo establece una reciente instrucción, se debe solicitar la suspensión inmediata de los implicados en sus funciones.

Cuando estos servidores públicos incurran en extorsión, sobornos o reciban dádivas a cambio de facilitar este delito, debe iniciarse de inmediato el proceso para suspenderlos de sus funciones, por medio de los órganos competentes, según la disposición oficial.

Estas acciones buscan fortalecer la política del Ministerio Público en la materia, disponiendo también el secuestro legal inmediato de vehículos utilizados en el tráfico de migrantes, con fines de decomiso a favor del Estado.

Además, se contempla la inmovilización de cuentas bancarias, propiedades, vehículos y activos vinculados a personas o estructuras criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, con el objetivo de que el fiscal a cargo de la investigación pueda vincular de forma objetiva estos bienes y personas al proceso judicial.