SANTO DOMINGO.-En pleno año preelectoral los principales actores del sistema político en la República Dominicana, continúan debatiendo la posibilidad de modificar la Ley de Régimen Electoral 15-19, una pieza que fue desmembrada por las altas cortes tras contener vicios de inconstitucionalidad y administrativos.

Bajo la actual coyuntura, la Junta Central Electoral (JCE), el Consejo Económico y Social (CES), partidos políticos, entidades de la sociedad civil y congresistas, aceleran los trabajos para una eventual modificación previo a la culminación de la legislatura el próximo doce de noviembre.

La reserva sobre la posibilidad fue rota ayer por el presidente de la comisión que estudia la iniciativa que reposa en la Cámara de Diputados, Elías Wessin Chávez.

El diputado declaró que no sería posible lograr la pieza antes de la fecha que limita el accionar de los congresistas.

Su posición no fue apoyada por el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, pero tampoco se atrevió a prometer la aprobación antes de la fecha citada.

Los debates en contra de la propuesta aprobada por el Senado, van desde el tope de gasto en campaña, la inexistencia de un régimen sancionador, la preservación del voto preferencial para las regidurías y la no mención de los aspectos a regular en el universo digital.

Sugerencias de Finjus
Entre las personalidades que fueron recibidas ayer en la Cámara de Diputados, figura la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) quien depositó un documento que contenía observaciones a la propuesta legislativa.

“El proyecto de ley aprobado por el Senado mantiene los topes de gastos de campaña establecidos en la ley vigente, 15-19, que maneja topes sumamente cuestionables por las altas cuantías que estipula, especialmente en los niveles congresuales y municipales”, rezaba un documento firmado por el vicepresidente de la entidad, Servio Castaños.

A lo anterior, la Finjus le sumaba la regulación laxa que se observa con relación a la presentación de informes de gastos de candidaturas y la inexistencia de sanciones a la violación de estos topes.

Igualmente fue criticado que se reducía la capacidad de fiscalización de los recursos públicos utilizados en campaña, en detrimento de los principios de transparencia y de equidad.

La Finjus propuso un régimen de consecuencias lo suficientemente fuerte cuyo efecto sea el de desmotivar la utilización de recursos por encima de los topes de gasto que se establezcan y la implementación de mecanismos que permitan la rendición de cuentas y la fiscalización de los egresos asociados a la campaña electoral.

Indicaron que conductas y prácticas ilegales que se realizan desde el espectro digital, quedan al margen de los sistemas de consecuencias, al menos de manera expresa, pues el actor político podría utilizar el mundo digital para continuar con la realización de propagandas y demás acciones.

¿Gravedad?
A pesar de las intenciones de modificación, la JCE ha dado paso a la preparación de las elecciones bajo el régimen legal actual. El mismo está delimitado y funcionó previamente.

Presidentes partidos

— Los convocados
Este viernes están convocados al Congreso los presidentes de los partidos políticos reconocidos incluyendo, obviamente a Danilo Medina, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. La generalidad es que sólo asistan delegados.

“Nadie puede predecir lo que va a acontecer”
Posición. Alfredo Pacheco manifestó que la comisión especial de la Cámara de Diputados que tiene a su cargo el estudio del proyecto de ley ha definido una ruta crítica de trabajo, para de esa manera tener una mayor claridad en torno a lo que debe o no debe incluir dicha pieza legislativa.

Indicó que solo después de concluir con esta ruta crítica, que están llevando a cabo, que incluyen visitas de los actores que tienen que ver con este proyecto, podrán establecer conclusiones, pero mientras esto sucede, soberana es la comisión y soberano es el Pleno.

“Ni yo ni nadie puede predecir lo que va a acontecer, pero como manda la regla hemos decidido escuchar a los diferentes sectores”, dijo.